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29 de octubre de 2009
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TODO LO QUE HAY QUE SABER

De qué se trata la ley de acceso a la información que avanza en la Legislatura

Por unanimidad, Diputados dio media sanción a la norma. Ahora debe aprobarla el Senado.

    Mendoza está a un paso de tener una ley de acceso a la información pública. Desde ayer cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, que la aprobó con el voto unánime de los 40 legisladores presentes. Si bien el Partido Demócrata había acordado no acompañar en un primer momento, luego revisó su postura y decidió votar a favor de esta reglamentación. Si el proyecto en el que trabajaron la diputada Mirtha Díaz (Fiscal) y Luis Petri (Confe) resulta aprobado por el Senado, cualquier ciudadano podrá pedir información a la administración pública provincial centralizada, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas, sociedades o cooperativas en las que el Estado tenga participación. También se extiende a los poderes Legislativo y Judicial y a las empresas privadas a las que el Estado haya entregado subsidios. Tal y como lo indica la ley, el solicitante no tiene que justificar su pedido con finalidad alguna y tampoco debe pagar ningún canon por ella. El ciudadano debe recibir los datos públicos que solicita inmediatamente, si estos están disponibles.
UTILIDAD.Tal y como lo explicaron los diputados Díaz y Petri, autores del proyecto, los cambios más significativos con respecto al manejo de los datos públicos será la obligación que contraerán los encargados de proporcionarla, de dársela a cualquier ciudadano que la solicite sin que este deba acreditar derecho subjetivo o interés legítimo ni contar con patrocinio letrado, es decir, sin tener que justificar para qué la pide. Esta obligación está escrita en el artículo 5 de la ley y generó resquemores de parte de algunos legisladores –entre ellos, los demócratas–, quienes sostenían que los ciudadanos debían especificar con qué fin se pedían los datos. Desde el PD se solicitó la anulación de ese artículo, pero finalmente la moción no prosperó.
    Otro aspecto importante es la celeridad y la gratuidad con la que tiene que otorgarse la información requerida, siempre que se encuentre procesada. Si los datos están disponibles, según el artículo 12 de la ley, debe entregarse verbalmente o permitir el acceso a la documentación existente. Cuando sea necesario prepararla, la solicitud de información debe ser hecha por escrito. El plazo máximo para entregarla es de diez días, extendiéndose a diez días más como prórroga excepcional. El sujeto al que se le hace el pedido no puede negarse a entregar la información, a menos que se compruebe que esta no existe, no esté obligado por ley a crearla o esté incluida en alguna de las excepciones previstas por el artículo 10 de la ley. Si la información nunca llega a destino o no lo hace en tiempo y forma, el solicitante puede denunciar al funcionario responsable en la Fiscalía de Estado, en la Presidencia Provisional del Senado, en la Presidencia de la Cámara de Diputados y en la Suprema Corte de Justicia. Existe la posibilidad de realizar un recurso administrativo autónomo de acceso a la información pública, contemplado en el artículo 16 de la ley, si se agotan los demás caminos para obtenerla.
MODIFICACIONES. El proyecto fue votado por unanimidad porque los autores accedieron a realizar modificaciones. En primer lugar, se quitó el artículo 17, en el que estaba contemplado un recurso de amparo para cuando se extingue hasta el recurso administrativo, a fin de obtener la información requerida. Esto fue a pedido del PD, desde donde consideran que es suficiente con las acciones administrativas.
    También se anuló el artículo 18, en el que se dejaba constancia de que el funcionario que obstruyera el libre acceso a la información caería en falta grave. Según explicaron los legisladores que realizaron el proyecto, este podrá ser directamente acusado de incumplimiento de las tareas de funcionario público y sancionado con las penas correspondientes, por lo tanto, se accedió a no incluir el artículo en la iniciativa que pasó al Senado.

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