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22 de julio de 2006
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POLÉMICA POR LA MULTA DE 2 MILLONES

De Casas tiene aval legal

El Ministerio de Ambiente y Obras Públicas admitió ayer que el presidente del EPRE, Mario de Casas, está amparado por la ley para multar a la empresa eléctrica Edemsa, y que el Poder Ejecutivo no puede revisar la medida

        Esta aclaración técnica surgió un día después de que el gobernador Julio Cobos saliera públicamente a cuestionar la sanción de 2 millones de pesos que De Casas anunció que le aplicará a la empresa. Como argumento para la imposición de esta multa, el jefe del ente de control dijo que hubo “improvisación” y “falta de un plan de contingencia” por parte de Edemsa a la hora de reponer el servicio, después del caos que provocó el viento Zonda en Mendoza, hace 10 días. Sin embargo, para Cobos, Edemsa actuó bien frente a una “situación anormal” en la prestación del servicio.


         Por eso, el gobernador sugirió que la sanción podría ser frenada por el Ministerio de Obras Públicas. Debido al fuerte contrapunto entre Cobos y De Casas, Obras Públicas trató de mantenerse al margen y afirmó el jueves que hay una “zona gris” en la normativa. Pero ayer, cuando bajó la espuma, el subsecretario de Servicios Públicos, Claudio Romano, tuvo que admitir que existe aval normativo para la medida que tomó De Casas. En concreto, Romano indicó que el nuevo marco regulatorio eléctrico, que le dio mayores facultades al EPRE en el control de Edemsa, tiene “pleno efecto”.


        Hasta el jueves, la vigencia de la norma estaba en duda, porque aún no ha sido reglamentada por el gobernador. Un par de artículos son el centro de la controversia por la multa a Edemsa. Es que, según el artículo 73 del nuevo marco, el EPRE es “única instancia administrativa” a la hora de aplicar sanciones. Esta facultad no existe en el anterior marco, que le permite a la empresa apelar ante el Ejecutivo las resoluciones del EPRE. Frente a esta situación, el subsecretario Romano indicó ayer que el Gobierno no podrá frenar la sanción contra Edemsa. O sea que la firma debería pagar la multa y después apelarla ante la Justicia.

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