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18 de febrero de 2020
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Boletín Oficial

DAABO: despidieron a un empleado estatal que intentó estafar a una ciudadana

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La denunciante concurrió al organismo para levantar una hipoteca. El ex agente le dijo que, a tal fin, debía abonar una suma cercana a los $130 mil, cuando en realidad eran $2.400, y le dio los datos de su cuenta personal, en lugar de la del organismo.

Un empleado de la Dirección de Administración de Activos de ex Bancos Oficiales (DAABO) fue cesanteado por intentar estafar a una ciudadana que buscaba dar de baja una hipoteca, informándole que debía abonar una suma cercana a los $130 mil para cancelar la obligación, en lugar de los $2.400 que correspondían. Para esto, le dio su CBU personal en lugar del perteneciente al organismo público.

El hecho involucra al ahora ex empleado Pablo Campos y se inició en mayo de 2019 cuando una mujer se acercó hasta la oficina de dicha repartición con la intención de cancelar una hipoteca en relación a una deuda perteneciente a su abuelo.

La DAABO es el organismo que administra los activos que quedaron del fondo residual de los bancos de Mendoza y Previsión Social tras su privatización. Ante esto, las personas que tienen "alguna medida sobre algún bien por un crédito que tenía con los bancos va al organismo, cancela la obligación y puede disponer normalmente del bien", explicó a El Sol el subsecretario de Gestión y Modernización del Estado, Ignacio Barbeira.

Fue así como la ciudadana concurrió al organismo y fue asistida por Campos. Según explicó Barbeira, el empleado -que había ingresado a la repartición en diciembre de 2016- le dijo que debía realizar una transferencia a una cuenta determinada y que la deuda en cuestión era de un monto superior al real.

Al momento de ir a cancelar la obligación, la mujer notó "que la cuenta estaba a nombre del empleado que la había atendido y no a nombre de una repartición oficial", agregó el subsecretario.

Según consta en el decreto 217, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial y al que El Sol tuvo acceso, el monto de la obligación contraída era al 30 de noviembre de 1996 de $441,19. Sin embargo, Campos le dijo a la mujer que "la liquidación de la deuda ascendía a la suma de US$1.800, lo que significaba que tenía que hacer un depósito por $127.552,75 o en cuotas $150.062,06", sostiene la norma oficial.

"Se acercó de nuevo a consultar antes de ejecutar el pago, la atendió el Director de la DAABO, que le informó que no tenía que hacerlo, que no era la modalidad, sino que la forma era haciéndolo a la cuenta del organismo. También le explicó que la deuda no era de $130 mil, sino que actualizada y todo era de $2.400", detalló el encargado de Gestión y Modernización del Estado. Como se ve, un monto mucho menor de lo que el empleado estatal le habían detallado. 

Con esta información comenzó el procedimiento administrativo y el sumario contra Campos. En un primer momento se lo suspendió por 30 días corridos sin goce de haberes y luego se lo trasladó preventivamente a la Mesa de Entradas del Ministerio de Hacienda y Finanzas “para evitar que entorpeciera la investigación”, resaltó Barbeira.

Fue en ese momento cuando Campos incurrió en nuevos hechos, según resalta el texto oficial, "consistentes en la alteración de la base de datos del sistema DAABO donde se encontraba asentada la deuda" en cuestión. Este movimiento en el sistema fue percatado por las autoridades del organismo, por lo que fue sumado a la investigación administrativa. 

Finalmente, con un decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suarez y por el ministro de Hacienda Lisandro Nieri, el empleado fue despedido del Estado provincial y tampoco podrá volver a desempeñarse en el mismo.

La norma resalta entre las irregularidades que Campos “no tenía a su cargo el conocimiento y trámite para el levantamiento de las deudas hipotecarias y mucho menos para brindar información relacionada con la liquidación de las mismas”.

Y advierte además que “intentó una maniobra fraudulenta para perjudicar económicamente” a la ciudadana, “entregándole un número de cuenta bancaria que no pertenecía a la repartición y con una liquidación claramente superior a la adeudada”.

Según detalló Barbeira, hasta el momento, esta es la única irregularidad que detectaron por parte del ex empleado de la DAABO. 

A su vez, además del procedimiento administrativo, la estafa en cuestión también es investigada por la Justicia local. La causa permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción Nº3 de la Unidad Fiscal Departamental de Delitos Económicos.

El rol de la Oficina de Sumarios

El procedimiento que concluyó con la cesantía del empleado público lo llevó a cabo la Oficina de Sumarios, creada por ley a fines de 2018 y que empezó a trabajar en 2019.

Esta área "tiene a su cargo la instrucción de los sumarios" y se trata de "un órgano especializado" que se dedica exclusivamente a llevar adelante este tipo de investigaciones, dotándolas de mayor celeridad y garantías.

"Antes de esto, cada área instruía sus sumarios. El mismo abogado del área que estaba dictaminando otros expedientes, haciendo su trabajo diario, además estaba instruyendo un sumario, en el que el sumariado siempre era un compañero de trabajo del mismo ministerio y generaba una situación que generaba un montón de demoras", detalló Barbeira.

El funcionario explicó que, actualmente, se encuentra en la Legislatura un proyecto de ley que busca ampliar las facultades de este organismo de la órbita central de la administración pública a los autárquicos y descentralizados.

El decreto Nº217/20

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