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7 de mayo de 2020
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Opinión

Cuarentena y coronavirus: cuando la procesión va por dentro hasta que estalla

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Los enojos y las rabietas del presidente con sectores de la oposición deberían pasar a un plano secundario porque lo que tiene por delante es mucho más preocupante e intrigante.

Algunas versiones sólo atribuidas a indicios, a ciertas muecas y señales de las que siempre ofrece la política, daban cuenta ayer de que el presidente Alberto Fernández había entrado en cólera con el jujeño Gerardo Morales porque Jujuy –la provincia que administra el líder radical– habilitó la reapertura de shoppings, galerías y confiterías a partir del próximo fin de semana, sin contar con la autorización, ni mucho menos, la anuencia, de la Presidencia.

Jujuy pasó largamente los 30 días sin casos de contagiados por coronavirus. En aquella provincia, el comercio en general, con un protocolo específico que Morales hace cumplir a fuerza de un control extremo y a través de fuertes multas, funciona desde mucho antes de que la Presidencia comenzara a permitirle al resto de los gobernadores la vuelta a la actividad y sólo para algunas poblaciones que cumplieran con ciertas y determinadas condiciones, como la cantidad de habitantes y su propia situación epidemiológica. Este fin de semana –el mismo en el que Jujuy tiene previsto reabrir un sector del comercio con mucha influencia en el resto de la economía– el presidente tiene que decidir cómo sigue todo desde el 10 de mayo en adelante, rodeado de cientos de pedidos de las provincias, de las cámaras empresariales, de los sectores de los trabajadores, todos pugnando y presionando para que la economía pase a ser un factor relevante en las decisiones, más que la cuestión puramente sanitaria, que ha regido y reinado desde que se declaró la pandemia y mucho más la cuarentena obligatoria en el país, aquel jueves 19 de marzo, cuando fue anunciada por el presidente.

Los enojos y las rabietas del presidente con Morales o con sectores de la oposición –de los que se ha quejado por su accionar y acusado de decir y afirmar barbaridades por Twitter– deberían pasar a un plano secundario y menos preponderante en el actuar del mandatario, porque lo que tiene por delante, pareciera, es mucho más preocupante e intrigante. Y sólo con prudencia, astucia y una visión integral, además de sabia, puede enfrentarse. Se trata del rompimiento, de hecho y de forma ilegal, que se evidencia en casi todos los sectores de la economía del estado de cuarentena y confinamiento compulsivo, entendible y comprensible en sus orígenes, pero puesto en duda ya cuando sólo 3 por ciento del sistema sanitario de salud ha sido ocupado por la pandemia y cuando, muchos –sean ellos actores importantes de la economía o meros autónomos, independientes y pequeños comerciantes– no pueden sostener un día la presión que tienen encima: los primeros, para pagar sueldos y evitar que sus empresas grandes o pequeñas se mueran; y los segundos, para comer, vestirse y pagar sus deudas. El relajamiento de hecho de la cuarentena ha contado, además, con el guiño claro y evidente del área de seguridad que debe controlar, vía retenes específicos, el tránsito de las personas. Ya no se ven, como en los primeros días, ni tampoco estos retenes cuentan con el número de efectivos que alguna vez, en los comienzos, supieron mostrar.

Los problemas a resolver se van multiplicando, como es lógico en un momento de crisis tan crudo y extendido: entre hoy y mañana debería estar operativo el plan oficial nacional para asistir a las empresas que manifestaron contar con serios problemas para abonar los sueldos. En la Unión Industrial de Mendoza (UIM), por caso, ayer admitían que los pedidos de asistencia fueron masivos, pero que no más de 40 por ciento había recibido un resultado favorable. Esto se ha visto, afirman sus voceros, en el sector más afectado por la cuarentena, el del turismo, y que comprende hoteles, restaurantes, empresas de viajes y demás. Sólo 60 por ciento de un sector que facturó cero pesos durante el mes de abril estaría recibiendo el aporte estatal para el pago de los salarios; un complemento que nació para cubrir 50 por ciento de los salarios netos de los trabajadores de las empresas en estado de crisis. El aporte va de los 16.800 pesos hasta un poco más de los 33.000 y su depósito está previsto que se efectivice entre hoy y mañana.

Al resto de las empresas, no turísticas, la situación se les complicó de forma severa. Las razones han sido administrativas, por un lado, y por no cumplir con una condición que los empresarios consideraron no sólo tramposa, sino inviable y fuera del sentido común, por otro. Es que debieron probar que se les cayó la facturación comparando entre el período que va del 12 de marzo al 12 de abril que pasó, con el mismo período del 2019, sin tener en cuenta el impacto inflacionario y sin atender que en marzo se trabajó y se facturó durante casi veinte días, hasta que se dispuso la cuarentena. No todos pudieron probar que la facturación fue menor. Si la comparación se hubiese hecho de un mes a otro, de abril con marzo, según han solicitado los empresarios y que no se les aceptó, todos hubiesen cumplido con el requisito. Pero no fue así.

Ayer, el gobernador Rodolfo Suarez analizaba con su equipo qué actividades incluir en la solicitud que elevará ante la Nación para que les sean autorizadas desde el lunes. Trascendía que pediría por los peluqueros y, otra vez, por los abogados y contadores, entre otros. Pero, por, sobre todo, en la mesa de un encuentro que no fue virtual, sino presencial y con tapabocas obligatorio, circulaba una copia de una decisión tomada por los comerciantes, empresarios y autónomos de Bariloche, Río Negro. Allí, todas las cámaras, les informaban al Gobierno de Río Negro y de la Nación que desde el lunes abriría toda la actividad económica de Bariloche, independientemente de la decisión que tomase el presidente el fin de semana. “Les comunicamos que por razones de fuerza mayor y a partir del día 10 de mayo, los comerciantes, empresarios y trabajadores autónomos de Bariloche retomaremos nuestros trabajos y actividades con los cuidados sanitarios correspondientes, ya que necesitamos comer y alimentar a nuestras familias. NO PUEDE SER que por el temor del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires al pico de contagio en el conglomerado Capital-Conurbano Bonaerense, tengamos todo el resto del país inmovilizado”, se lee en el escrito de los rionegrinos.

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