El juicio por jurado, además de una herramienta judicial usada en diferentes partes del mundo, fue el resultado de un consenso político en Mendoza. Cuando se anunció que la provincia iba a comenzar a implementarlo, se hizo luego de una reunión que juntó a los principales referentes políticos de la provincia.
La decisión de un juez, de desautorizar el veredicto al que llegaron las personas que habían sido convocadas para juzgar el comportamiento de tres personas acusadas de cometer un crimen, fue un golpe directo al sistema.
Y mostró, una vez más, que hay magistrados que saben cómo y cuándo imponer sus condiciones. Pero va más allá: dejó en claro, además, que la grieta judicial es tan grande como la política y que, en ocasiones, poco interesa el contexto social y hacerse cargo de que también son protagonistas a la hora de combatir –o no– la inseguridad.