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12 de noviembre de 2009
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OPINIÓN

Cuando la burocracia mata a los afectos (Miriam Espinoza, concejala de Godoy Cruz, Frente Cívico)

En el corazón de Godoy Cruz conviven cinco chicos. Ellos tienen una discapacidad moderada. Después de pasar por distintas modalidades de internación, han logrado incorporarse a la vida cotidiana del lugar.

En el corazón de Godoy Cruz conviven cinco chicos. Ellos tienen una discapacidad moderada. Después de pasar por distintas modalidades de internación, han logrado incorporarse a la vida cotidiana del lugar. Con sus buenos modos, sus simpatías, sus ocurrencias, han pasado a ser parte de la realidad diaria.

A nadie de Godoy Cruz se le ocurriría encerrar a nuestro querido Loco Julio, quien, sin ordenanza ni disposición previa, ha pasado a ser patrimonio de todos nosotros.

La burocracia de la Dirección de Discapacidad, en la figura de su director, Alejandro Ontivero, ha decidido el cierre del hogar y la disgregación del grupo de cinco chicos que conviven allí, con el pretexto de incorporarlos a familias cuidadoras preferenciales.

Sabido es que nuestra sociedad suele estar marcada por el individualismo y la indiferencia hacia los más débiles. En este caso, ha sucedido todo lo contrario, los vecinos se han movilizado, juntando firmas, pidiendo para que los chicos no sean retirados del hogar; el Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz emitió un proyecto de resolución, solicitando a los legisladores provinciales, se revea la medida y estos se han hecho eco del pedido y actuarán en consecuencia.

La pregunta de rigor es: ¿Puede la burocracia resolver, simplificando y achicando costos, romper un grupo que ha logrado, junto a los encargados del lugar, consolidarse como familia, que además es querida por toda la comunidad?

Los caminos de la soberbia del poder son extraños y siempre parecen alejados de las soluciones simples y humanitarias como sería mantener este lugar, reforzando el personal para garantizar el cuidado integral de los chicos.

Los funcionarios, enmarcados en una errónea interpretación de la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ponen en función de su conveniencia, ignorando el interés superior del niño y lo que significa la construcción de una familia en la que hay adultos significativos que pueden sostener los vínculos.

Seguramente, los chicos vuelvan a deambular por diversas familias cuidadoras preferenciales, fracasando en el intento y terminando en algún geriátrico (modalidad corriente en estos casos). Seguramente, a Diego y Pajarito, se les agrave su cuadro por perder su lugar de pertenencia y terminen cronificados en el Instituto Jorba de Funes. Entonces, nuestra comunidad habrá sido despreciada en su gesto solidario, pero el director estará tranquilo, porque, burocráticamente, resolvió de la peor manera el destino de estos cinco hermanos de la vida.

Y a todos nosotros nos quedará la impotencia de no haber podido defender la calidad de vida de los chicos que todos aprendimos a querer.

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