La industria, el campo, el comercio, los bancos, la Bolsa y la construcción rechazaron ayer el nuevo decreto del Gobierno que estableció un incremento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, en el marco de los reclamos por la sanción de una nueva ley de riesgos laborales. El decreto que firmó la semana pasada la presidenta Cristina Fernández sirvió para que unieran fuerza la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Asociación de Bancos de Capital Argentino (Adeba) y la Bolsa de Comercio.
     Por su lado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) también expresó su rechazo, al destacar que fueron “excluidos” de las tratativas con el Gobierno. En un comunicado, las otras cinco entidades consideran que el decreto presidencial, al cual tildan de “opinable constitucionalidad, incrementa los costos laborales, agrava el acuciante y creciente problema de la litigiosidad y pone en riesgo a miles de empresas y sus fuentes de trabajo”. “Lamentamos que luego de cinco años de negociaciones no se haya arribado a una solución consensuada para resolver un problema clave que hace a la supervivencia de las empresas, principalmente pequeñas y medianas”, dice la nota.
     Los empresarios exhortan al Gobierno “a generar las modificaciones normativas necesarias para fortalecer el sistema de riesgos del trabajo, a fin de proteger, efectivamente, a los trabajadores, brindar horizontes previsibles a la producción y evitar la artificiosa litigiosidad contra las empresas”. Las firmas recuerdan el fallo de la Corte que invalidó por inconstitucional la ley de Riesgos del Trabajo que impedía a un trabajador iniciar una demanda por accidente laboral y dicen que “el vacío legal” provocó que este año el stock de juicios llegara a 70.000 causas. Empresarios estiman que el monto de juicios en danza alcanza a los 2.300 millones de dólares y destacan que, de ese monto, unos 700 millones son costos judiciales.