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11 de abril de 2019
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Cristo Orante: analizan las computadoras de los acusados

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La Justicia ordenó peritajes tecnológicos en las máquinas que fueron secuestradas en allanamientos en el monasterio de Tupungato para determinar si los monjes imputados consumían material pornográfico. La defensa de los curas dice que “no hay elementos de interés para la causa”.

La Justicia ordenó nuevos peritajes tecnológicos en las computadoras que fueron secuestradas en allanamientos en el monasterio del Cristo Orante, en Tupungato, para determinar si los monjes Diego Roqué y Oscar Portillo, imputados por abuso sexual a un exseminarista, consumían material pornográfico.

Según informaron fuentes judiciales, la pesquisa apunta principalmente a determinar la existencia de costumbres “ajenas a la vida religiosa” que tendrían Roqué y Portillo. La sospecha es que en estos dispositivos se pueden encontrar imágenes y videos con contenido erótico, que no corresponde a personas pertenecientes a la vida religiosa, que les prohíbe llevar prácticas sexuales.

También se analizarán teléfonos celulares, de acuerdo con lo ordenado, para seguir recabando pruebas, de las que podrían surgir conversaciones entre los imputados y la víctima, en las que se reflejen las insinuaciones y el acoso que se están investigando.

Sobre este punto, el abogado de los acusados, Eduardo de Oro, indicó que por el momento “no hay nada en el expediente y en las computadoras analizadas no se encontraron elementos de interés para la causa”.

La investigación

En las semanas siguientes, la Justicia del Valle de Uco continuará con los testimonios ofrecidos por ambas parte del caso, a fin de sustanciar cómo era la vida de clausura y el ambiente en el que se habrían producido los ataques sexuales.

Hay que recordar que Roqué está imputado por abuso sexual en grado de tentativa y Portillo por abuso sexual agravado.

El martes, la víctima, Nicolás Bustos Norton, brindó, por primera vez, una extensa declaración ante la fiscal Eugenia Gómez, en la que amplió las denuncias que inició en el 2018, luego de enterarse de que nuevos jóvenes ingresarían a la congregación.

En primer término, Nicolás acudió al Arzobispado a hacer las presentaciones en el 2017, siendo en ese momento arzobispo Carlos María Franzini. Al año siguiente, cuando volvió a ratificar lo expuesto y para la investigación interna, el arzobispo Daniel Colombo solicitó que la causa se sustanciara en otra provincia.

Otra aclaración del Arzobispado

La misiva trascendió en los medios de comunicación, y, por las repercusiones, el Arzobispado emitió un comunicado con su versión sobre el propósito de esa gestión, titulado: "Una vez más, nuestra verdad".

“Se ha dicho que la solicitud del Arzobispado tenía por fin ‘ocultar o sacar de foco’ los presuntos abusos cometidos. Nada más erróneo. El decreto pide justamente la actuación del sistema público de Justicia en la Iglesia, quedando además la sede local mendocina a disposición del solicitado tribunal, y garantizándose al denunciante y al acusado la publicidad del procedimiento y sus posibilidades de conocimiento y actuación”, se pronunció.

En tanto, se sostiene que “evitar la judicialización de las causas canónicas no es sustraerse de la necesaria e imprescindible intervención de la Justicia penal del Estado, sino preservar la autonomía de la actuación de la Justicia penal canónica en el cumplimiento de su misión. En resonantes causas canónicas, como es de público conocimiento, esto último ha sido impedido por la persistente intervención obstruccionista de algún abogado que desconoce el Derecho Canónico y sólo pretende maliciosamente su lisa y llana derogación. Por lo tanto, la judicialización a evitar no se refiere a la judicialización de los hechos objeto de la investigación, sino a la de las actuaciones del proceso canónico”.

En otro de los párrafos, se afirma: “Los hechos, objeto de la denuncia, bien pueden ser judicializados en la sede penal estatal, y la Iglesia nada tiene que objetar a ello. Más aún, siempre alienta, acompaña y deja en la más absoluta libertad a los denunciantes para que lo hagan, si así lo desean. Lo lamentable y peligroso es cuando, avasallando el Concordato del Estado y la Iglesia (1966) y el derecho humano a la libertad religiosa, se pretende vulnerar las normas y procedimientos canónicos”.

El comunicado completo

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