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27 de diciembre de 2006
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DECISIÓN JUDICIAL

Crímenes de lesa humanidad

Son los que cometió la Triple A a mediados de los 70, según lo determinó el juez federal Norberto Oyarbide. La organización de derecha fue creada por José López Rega

         El juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer delitos de lesa humanidad imprescriptibles a los crímenes cometidos por la Triple A durante el gobierno de Isabel Perón y ordenó la captura internacional de un ex jefe operativo de esa organización, Rodolfo Eduardo Almirón. “La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros obedecieron a circunstancias políticas enmarcadas en cuestiones ideológicas y montadas desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación”, consideró Oyarbide en la resolución a la que accedió Télam.


       Por ello resolvió que los delitos son imprescriptibles y “es responsabilidad del Estado argentino juzgarlos como integrante de la comunidad internacional”, al declarar de lesa humanidad la causa 1075/2006. El magistrado libró también oficio a Interpol para que detenga, con fines de extradición, al ex comisario de la Policía Federal, ex jefe de la custodia de Isabel Perón y ex jefe operativo de la organización delictiva, Rodolfo Eduardo Almirón, quien estaría viviendo en España.


          Almirón, de 70 años, está ya procesado en la causa por los delitos de asociación ilícita y homicidio doblemente agravado y reiterado, por haber sido acusado de liderar las células de la banda de extrema derecha creada por el entonces ministro de Bienestar Social, el ya fallecido José López Rega.


 CRIMINALES.


        “Surge claramente que la organización denominada Triple A fue una organización criminal gestada desde el mismo Estado”, argumentó el juez, al justificar su decisión de enmarcar los hechos como crímenes imprescriptibles. De hecho, el juez reconstruyó una supuesta reunión de gabinete realizada en la residencia de Olivos el 8 de agosto de 1974, “presidida por María Estela Martínez de Perón”. Allí,“previa proyección de diapositivas con las imágenes de quienes serían asesinados por supuestas responsabilidades en actividades subversivas, se habría determinado la eliminación de Julio Troxler”, detalló el juez en base a testimonios recogidos en la causa abierta desde el 11 de julio de 1975.


        El hermano de Troxler declaró luego en la investigación que, paradójicamente, la familia recurrió entonces a "los generales Jorge Videla y Roberto Viola, quienes se negaron a brindarles ayuda debido a que en el país había un gobierno legalmente constituido y que bajo ningún concepto las fuerzas armadas podían intervenir". Además de Troxler, Oyarbide detalló que, entre los homicidios adjudicados a la Alianza Anticomunista Argentina, están los de Rodolfo David Ortega Peña, asesinado el 31 de julio de 1974; Alfredo Curuchet, el 10 de setiembre del mismo año, y Luis Mendiburu y Silvio Frondizi, ese mismo mes, entre otros.


       El 21 de noviembre de 1973, el senador nacional por el radicalismo Hipólito Solari Yrigoyen sobrevivió a un atentado cuando estalló una bomba en su automóvil, la que le ocasionó graves heridas. “Tales hechos son constitutivos del delito de asociación ilícita en concurso real con el de homicidio –doblemente calificado por el número de personas intervinientes y por alevosía–, al menos en 8 oportunidades, y privación ilegal de la libertad y desaparición forzada en, al menos, tres oportunidades”, enumeró el juez.


 EL INICIO.

      La causa judicial se abrió el 11 de julio de 1975 por la denuncia de Miguel Radrizzani Goñi contra López Rega, por entonces ministro de Bienestar Social y secretario privado de María Estela Martínez de Perón. En su querella, Radrizzani Goñi incluyó a los entonces comisarios Almirón y a su suegro, Ramón Morales, jefes de la custodia de Martínez de Perón y de López Rega, respectivamente. La causa se basó en informes de inteligencia que se habían hecho públicos donde se advertía de la creación de la Triple A y se señalaba a López Rega como “supervisor político del comando general” y a los ex policías como sus responsables militares.

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