Mendoza aún está lejos de cumplir con todos los puntos que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Según un sondeo realizado por un grupo de especialistas, los casos de violencia intrafamiliar contra niños y adolescentes crecieron 94% en el período que va desde 1998 –año en que se puso en marcha un programa para luchar contra este flagelo– hasta el 2005.

    El relevamiento fue realizado ese mismo año por los integrantes del Foro Permanente de los Derechos del Niño e incluyó consultas a 203 profesionales. El estudio se concretó en el Gran Mendoza y las consultas fueron respondidas por tres grupos de profesionales: médicos que atienden a niños y adolescentes, gente que trata específicamente casos de violencia familiar y docentes, por entender que son los primeros que pueden detectar este tipo de problemas.

    La encuesta se estructuró teniendo en cuenta dos perfiles: uno general, en el que los consultados valoraron si existen mejoras en las políticas públicas, el rol de los consejos y departamentos de niñez y la utilización de las fuentes de financiamiento, y otro más específico, que habla de temas como embarazo adolescente, abuso del alcohol y hacinamiento, entre otros ítems. El director del foro, Eduardo Chahla, explicó que la situación de la niñez y la adolescencia en Mendoza sigue siendo grave.“No advertimos ningún tipo de mejora sustancial, hay parches, gente con buenas intenciones, pero falta financiamiento y programas que se sostengan en el tiempo”.

LOS DATOS. De acuerdo a los datos arrojados por el relevamiento, los profesionales que atienden violencia intrafamiliar detectaron un aumento de 94% de casos en que están involucrados pequeños y jóvenes, también un crecimiento del embarazo adolescente de 73%, de alcoholismo 80% y detectaron que 84% de los chicos que atendieron vive en situación de hacinamiento.

    Las respuestas de los médicos que atienden a niños y adolescentes, pero que no tratan específicamente problemas de violencia, detectaron algún riesgo nutricional en los menores en 81,5% de los casos atendidos y embarazos adolescentes en 66,2%. En cuanto a las respuestas de los docentes, detectaron trastornos de aprendizaje en 83,3% de los casos, en 87,3% trastornos de conducta y embarazados adolescentes en 36,3%.

CONCLUSIONES COMUNES. Al margen de las preguntas específicas para cada sector, los especialistas tuvieron coincidencias. El 60% de los encuestados sostuvo que la mejora de los derechos del niño desde las políticas públicas no se concreta.