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23 de marzo de 2007
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SERÍA A TRAVÉS DE UN ÓRGANO ESTATAL

Controlarán a privados para evitar estafas en casas

La idea consiguió media sanción del Senado. La intención es que las empresas cumplan con una serie de requisitos antes de hacer la oferta.

    Las estafas con viviendas que fueron pagadas y nunca se entregaron o por casas entregadas que no cumplen las condiciones que se habían pautado con una empresa han sido un común denominador en Mendoza desde hace varios años. Ante esto, el Senado aprobó un proyecto de ley para crear un organismo estatal que controle las inversiones privadas vinculadas a la construcción.

    En otras palabras, esta dirección se dedicará a verificar y seguir de cerca a las empresas, entidades intermedias y personas que ofrezcan viviendas o unidades de propiedad horizontal. Al frente de esta entidad, el Poder Ejecutivo designará a un contador o un abogado.

    “La provincia de Mendoza tiene un vacío legal sobre el control de las inversiones que realizan o prometen concretarse en este sentido y esta situación resulta peligrosa para los ahorros y capitales de los mendocinos y también del Estado”, comentó el autor del proyecto, el senador radical Diego Seoane. Además, explicó: “La Ley de Entidades Financieras nacional obliga a quienes captan dinero de terceros a tener un patrimonio que responda por esos depósitos y a que cumplan una serie de relaciones técnicas”.

    Según el senador radical, “es preciso mencionar los casos de entidades intermedias que prometen la realización de viviendas en conglomerados urbanos y que nunca se llevan a cabo. Sin embargo, la gente aporta durante años sus ahorros, los cuales no son devueltos”.

    Y mencionó, además, la situación de centenares de personas, inscriptas en sistemas de participación o cooperativas, quienes, aún después de años de pagar sus viviendas, no reciben las escrituras de las propiedades y se les requiere mayor cantidad de dinero por cuotas societarias u otros motivos no justificables.

    DETALLES. Con estos argumentos, el legislador diseñó el proyecto al que se agrega que cualquier persona física o jurídica, comercial o civil que se enmarque en esta iniciativa deberá presentar ante la dirección, para la realización de cualquier proyecto, una serie de documentos. A modo de garantizar un mayor control, en el expediente deberán aparecer los antecedentes y datos completos de la firma y sus autoridades y los estados contables de la empresa o sociedad de los últimos tres ejercicios.

    En caso de que la empresa sea nueva, la información deberá ser sobre el directorio o sus administradores. También presentarán una evaluación económico financiera del proyecto, suscripta por profesional en Ciencias Económicas. Una vez que este trámite está completo, en quince días la dirección emitirá un dictamen sobre la viabilidad del emprendimiento, con especial mención de los riesgos en las inversiones y cumplimientos de los compromisos.

    El reaseguro que se plantea en el proyecto va más allá e incluye que, si la empresa publicita su oferta edilicia sin haber cumplido todos estos pasos, el organismo de control podrá intervenir, elevar un sumario y adoptar las medidas necesarias para que cese la campaña hasta que se cumpla con esta ley.

    En el supuesto caso de que la dirección presuma que se ha cometido un delito, estará facultada para realizar la denuncia ante la Justicia. Paralelamente, desde el Ejecutivo se informará a la opinión pública el incumplimiento.

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