Durante años se ha cuestionado la pasividad y la permisividad que el Estado mendocino ha tenido con la principal prestadora del servicio eléctrico. No es un dato menor si se tiene en cuenta que la Provincia forma parte de los accionistas de Edemsa. Que el Gobierno esté preocupado por los números de la compañía eléctrica tiene que ver con la necesidad de saber por qué se llegó a esa situación y cuáles son puntualmente las consecuencias que eso puede eventualmente significar en relación con los usuarios.
El tema es que, independientemente del color político de quien ocupe la Casa de Gobierno, el rigor y la severidad de los controles no pueden modificarse. Esto pasa cuando no se trazan lineamientos claros sobre cómo debe ser la actuación estatal en este tipo de situación. Ese número en rojo que tanto alarma no se generó de un día para el otro. Por lo tanto, además de poner el ojo en la empresa, también se debe buscar a quienes no supervisaron cuando había que hacerlo.