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14 de enero de 2020
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Megacausa

Contrabando: nuevo revés al presunto financista de la banda

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Ángel Sebastián Palumbo.

La causa continúa su curso y este martes se rechazó la recusación a los jueces que le negaron la excarcelación de Ángel Palumbo, sindicado de brindar los medios económicos a la banda, y sigue complicado en el expediente. Cuál es la situación de los otros acusados y quiénes se mantienen prófugos.

La megacausa de contrabando, considerada una de las más importantes de la historia de Mendoza, continúa avanzando a casi tres años de haberse iniciado y este martes, la Justicia federal rechazó la recusación a los jueces de la Cámara de Apelaciones que ratificaron la negativa al pedido de apelación de la defensa del presunto financista de la banda, Ángel Sebastián Palumbo.

Ver también: Quién es y cómo se movía el presunto financista

Fue la jueza Olga Pura Arrabal quien debió resolver la situación de sus pares Alfredo Rafael Porras y Gustavo Castiñeira de Dios. Ambos habían sido señalados por los representantes legales de Palumbo –Sergio Salinas y Lucas Lecour– de haber emitido juicios personales y de que existió prejuzgamiento al fundamentar el fallo que mantuvo a su cliente tras las rejas.

Para la magistrada, sus colegas cumplieron en su deber de juzgar motivadamente el rechazo del recurso de apelación que presentaron los letrados. Y consideró que hubo solidez al momento de sostener la imputación, por el riesgo de fuga y procesal que motivaron la negativa, señala la información judicial.

De esa forma, el sindicado financista de la organización recibió un nuevo revés judicial. El hombre fue detenido el 1 de octubre durante un procedimiento policial en sus oficinas dedicadas al “cambio de divisas”, ubicadas en Rivadavia 122.

En las inmediaciones les secuestraron a sus colaboradores dos bolsos con casi 12 millones de pesos, entre moneda extrajera y local. El dinero había sido sacado de una caja fuerte de la cueva financiera de Palumbo, más conocido como el Gordo, con intenciones de evitar que cayera en las manos de los policías.

Palumbo terminó envuelto en la investigación después de ser mencionado en algunas oportunidades en las intervenciones a comunicaciones telefónicas entre otros presuntos miembros de banda que se encuentran imputados.

En las tres oportunidades en las que declaró en el expediente, el Gordo Palumbo intentó desligarse de los delitos de los que lo acusan y aseguró que no financiaba a sus clientes, debido a malas experiencias que tuvo en el pasado.

Eso sí, dijo conocer a Daniel Gonzalo Martínez Pinto y a José Rodríguez Núñez, dos señalados líderes de la organización. Aunque aclaró que con el primero tuvo contacto hace unos 15 años porque “era amigo de un grupo de amigos que tenía en ese momento” y al segundo sólo lo trata desde hace uno o dos años.

No obstante, para la pesquisa, Palumbo cumple un rol esencial para brindar los medios económicos que la gavilla dispone para la logística. Asimismo, surge de las averiguaciones que su financiera tiene alcance operativo con otras dos oficinas ubicadas en Buenos Aires y Santiago de Chile, justamente dos puntos estratégicos para el accionar de los contrabandistas.

Uno por uno

Con respecto al resto de los sindicados integrantes de la organización, todavía hay tres sujetos que se mantienen prófugos y que han motivado las nuevas medidas efectuadas en los últimos días.

Ellos son Zheng Cheng, el ciudadano chino conocido como Esteban y quien sería uno de los cabecillas; Jorge Carreño, el empresario camionero chileno que proveía a la banda con transportes y choferes para realizar las maniobras; mientras que el tercero es Park Nam Ho, también nacido en la República Popular China y quien era el destinatario de la mercadería que partía hacia la capital del país.

La situación de Zheng Cheng es particular, debido a que se ha puesto “a disposición” de la Justicia a través de su abogado, pero jamás lo hizo personalmente.

Ver también: Empresarios y contrabando: investigados por trata de personas y pago de coimas

Incluso, su defensor considera que no está prófugo y solicitó en noviembre la eximición de prisión. Con ese recurso, básicamente, buscaba que su cliente se presentara frente al juez de la causa pero que continuara en libertad hasta el final de la instrucción. Aunque no se hizo lugar a ese pedido.

Por otro lado, se encuentran los nombrados Daniel Martínez y José Rodríguez, ambos empresarios oriundos del barrio Dalvian de Ciudad, quienes junto con Zheng Cheng completan el trinomio que lideraba la gavilla. Ambos se encuentran tras las rejas casi desde los inicios de la investigación.

Por debajo de los tres cabecillas figuran Adrián Fourcade Salassa –amigo de Martínez que trabajaba con él en el bar Viva la Pepa, de Chacras de Coria– señalado de estar a cargo del pago y la coordinación de la mercadería; Eugenio Nasi Pereyra, el juninense que intentó escapar con 4 millones de pesos cuando lo fueron a detener en agosto del 2018, quien está sindicado a cargo de la logística; y Jorge Rojas Huertas, apodado el Coque, presuntamente encargado de la coordinación del transporte desde Chile, de donde es oriundo.

Un escalón por debajo de estos se encuentra Carlos Federico Barón Knoll, funcionario de Aduana que era jefe de turno del Área de Control Integrado Uspallata (UCI), quien está sospechado de dejar pasar los camiones con los cargamentos ilegales. También tres empleados de ese organismo fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público: Mario Rodríguez, Jorge Torres y Walter Odriozola.

Los hechos

La megacausa tuvo su inicio el 9 de marzo del 2017, cuando en la Aduana chilena se registraron irregularidades en camiones que pasaron hacia Argentina.

Horas después fueron hallados en la ruta 7 tres semirremolques con mercadería valuada en $15.557.298. Ese secuestro significó el puntapié para los investigadores de Lucha contra el Narcotráfico que se hicieron cargo de la pesquisa.

El 16 de noviembre del mismo año personal aduanero de Uspallata constató que un camión llevaba escondidos cuatro pallets con ropa de marca sin declarar. Ese cargamento tenía un valor de 430.119 dólares (casi 7 millones de pesos a la cotización de entonces).

El tercer hecho tuvo lugar el 23 de mayo del 2018, cuando en el Arco Desaguadero se interceptó un transporte de Andesmar con mercadería por $7.082.662, que había ingresado al país sin ser declarada. La misma tenía como destinatario a Park Nam Ho, en Buenos Aires.

El último secuestro se dio en galpones ubicados en calle Patricias Mendocinas, de Ciudad, y en Coquimbito, Maipú, donde se hallaron cargamentos por el valor de $26.617.839.

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