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5 de agosto de 2006
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TRAS LA NULIDAD DE LAS LEYES DE IMPUNIDAD

Condenan a represor a 25 años de prisión

El Tribunal Oral sentenció ayer al represor Julio El turco Julián Simón a veinticinco años de cárcel por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar

            La condena a veinticinco años de prisión dictada contra el represor Julio El turco Julián Simón, imputado de aberrantes violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, se convirtió ayer en la primera sentencia tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La posibilidad de juzgar los apoderamientos de bebés, secuestros y torturas, entre otros crímenes atroces, cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se reabrió el 14 de junio del 2005 cuando la Corte Suprema declaró “de ningún efecto” esas normas de impunidad.



       Allí, los supremos magistrados fulminaron las leyes 23.492 y 23.521 (derogadas por el Parlamento) y “cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos o al juicio y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina”.


          Ello posibilitó que el Tribunal Oral en lo Federal Cinco juzgase a Simón –quien ayer escuchó personalmente el fallo–, paradigma del sanguinario represor ilegal, quien actuaba en noviembre de 1978 en el campo de concentración conocido como El Olimpo, donde sometía a los prisioneros a sesiones de torturas con especial perversión. El cruel ensañamiento con los judíos, los discapacitados –integrantes del Frente de Lisiados Peronistas– y con José Poblete por ser chileno fueron la constante en los testimonios recogidos durante el proceso que encontró su final minutos antes de las 17, cuando el camarista Luis Di Rienzi, presidente del tribunal, leyó el veredicto.


        Fue una jornada breve, de escasos minutos (el texto íntegro de la sentencia se leerá el 11 de agosto a las 21) pero lo suficientemente importante como para marcar el fin de la impunidad que otorgaban esas malhadadas normas y abrir el camino de la justicia.“Es deber de quienes tienen que decidir descorrer el velo que cubre el pasado y allanar el camino para que irrumpa la verdad que alguna vez se intentó ocultar en las sombras, para que cayese en el olvido”, dijo la ministra de la Corte Carmen Argibay, al votar a favor de la nulidad de esas leyes.


        Fue precisamente en esta causa, en la que el entonces juez (hoy camarista federal), Gabriel Cavallo, el 6 de marzo del 2001, dictó la inconstitucionalidad de esas normas que ayer posibilitaron que se condene a Simón a 25 años de encierro. “Las disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos, que significan un grave menosprecio de la dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia de la humanidad”, dijeron los jueces del Máximo Tribunal al descorrer el velo de sombras que intentaba ocultar el pasado.


        Aquel fallo, que supera las 450 páginas si se anexan los fundamentos individuales de cada ministro, contó con la firma de Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Argibay; con la solitaria disidencia de Carlos Fayt y la excusación del entonces magistrado (luego renunciante) Augusto Belluscio. El octogenario ministro decano, al expresar su posición a favor de la validez de las leyes, dijo que “nuestra Constitución fue definida como un legado de sacrificios y de glorias” cuya interpretación “así como los esfuerzos destinados a asegurar su vigencia, no pueden desentenderse de la realidad vigente de cada época por desgarrante que ella haya sido”.


     “Esta regla no implica destruir las nobles bases que ella sienta, sino defenderlas en el orden superior de su perdurabilidad y el de la Nación misma”.

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