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12 de abril de 2007
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UTILIZÓ HERRAMIENTAS Y PERSONAL CON FINES PARTICULARES

Condenan a ex funcionario por usar bienes del Estado

Se trata de Jorge Espínola, quien fue sentenciado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos

     Un ex funcionario radical del gobierno de Julio Cobos fue condenado ayer, en la Segunda Cámara del Crimen, a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos en la administración pública, tras ser encontrado culpable de utilizar varias herramientas y personal del Estado con fines particulares el 23 de junio del 2005. Se trata del ex director general de Servicios de la Gobernación, Jorge Daniel Espínola Monzón, de 56 años, quien fue apartado de su cargo luego de la denuncia que radicó el dirigente del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados (Sitea),Víctor Hugo Dagfal, ante la Fiscalía de Estado y, luego, en la Justicia, que finalmente emitió condena por el delito de peculado (ver aparte).

    El acusado –quien se retiró luego de la sentencia junto a su abogado, Alejandro Acosta, sin hacer declaraciones– era funcionario político de las administraciones radicales, ya que comenzó cumpliendo tareas en el gobierno de Roberto Iglesias y continuó como responsable de la citada repartición que depende de la Secretaría Legal y Técnica (comandada en ese entonces por Claudio Romano) cuando Cobos tomó las riendas del Ejecutivo provincial.

CASO CON REPERCUSIÓN. Cuando se radicó la denuncia en la Fiscalía de Estado, el caso generó un gran revuelo en los altos funcionarios del Ejecutivo, a pesar de la constante negación de Espínola de los cargos que le atribuían. Según quedó acreditado en las fojas del expediente, el funcionario dio la orden al capataz general de dicha repartición –Luis Zorrero– para que enviara a un grupo de cinco empleados a su cargo (uno, en calidad de chofer) con el fin de reparar una reja y colocar un vidrio en un local particular en el cual funciona un cíber, de Argerich 596, en el barrio Batalla del Pilar,Godoy Cruz.

    Después de la trascendencia pública que tomó el caso, algunas pruebas complicaron la situación procesal del ahora condenado. Esto se debe a que en la instrucción judicial se comprobó que ese negocio estaba a nombre de un amigo suyo, identificado en el sumario como Alberto Marcos Morales. Fuentes judiciales aportaron que todos los empleados se trasladaron en una camioneta oficial con el objetivo de cumplir lo que les habían ordenado.

     Previamente, cortaron un vidrio con las medidas de la ventana de la vivienda y llevaron una amoladora, una máquina de soldar y cinco electrodos. Colocaron la reja y el vidrio y se retiraron del lugar, “cumpliendo las tareas que les habían pedido durante el horario de trabajo correspondiente a los empleados públicos”, según explicaron. Participaron del debate doce testigos, entre los que se encontraban el sindicalista Dagfal y los cinco empleados que fueron a reparar el negocio (Carlos Celedón, Fermín Hidalgo, José Ruedas, Sergio Batistella y el chofer Isidro Barahona).

    Por su lado, la defensa aportó como testigo a Romano. Según informaron desde el Ejecutivo, la Dirección de Servicio General es la encargada de mantener en buen estado la Casa de Gobierno, por lo que ejecutar trabajos fuera del establecimiento público es una tarea ilegal, irregular y está penada por ley.

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