access_time 16:55
|
13 de junio de 2017
|
"Industria del juicio"

Conciliación laboral: a un paso de ser obligatoria

https://elsol-compress.s3-accelerate.amazonaws.com/imagenes/001/128/525/001128525.png

<p>El Senado dio sanci&oacute;n al proyecto de Cornejo para que los litigios entre empresas y trabajadores se resuelvan con mediador antes de poder recurrir a la Justicia.</p>

La Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria (OCLO) -mediante la cual los trabajadores deberán llegar a un acuerdo con las empresas en lugar de acudir a la Justicia- está a medio camino de concretarse. El Senado dio su aprobación al proyecto, anunciado en abril por el gobernador Alfredo Cornejo, con lo que sólo resta el visto bueno de Diputados para su sanción definitiva.

La OCLO empleará utilizará la estructura de la Subsecretaría de Trabajo -que cuenta con delegaciones en todos los departamentos- para disponer un abogado que medie entre el denunciante y la empresa. Este conciliador recibirá 3.000 pesos en caso de llegar a una mediación y 250 si no se logra un acuerdo.

El abogado designado debe realizar la primera audiencia en los primeros 10 días luego de recibir el caso. El trabajador tendrá que estar presente, junto con un representante legal. A partir de entonces, la conciliación deberá estar lista y fundada para ser homologada en 20 días. Un mes después, este convenio adquiere la condición de cosa juzgada formal.

La media sanción del Senado se obtuvo con 21 votos a favor y 15 votos en contra de la oposición -cuyos voceros ya habían adelantado en los últimos días-. La tensión en el recinto llegó a su punto máximo cuando un trabajador presente protestó a los gritos contra el proyecto.

Antes de comenzar el tratamiento, el Frente para la Victoria (FpV) solicitó una semana más para revisar el texto y proponer modificaciones, tarea que se encontraba realizando en este bloque la senadora María José Ubaldini, pero el oficialismo se opuso porque "ya transcurrieron 60 días y quienes quisieron opinar ya han sido debidamente atendidos".

De hecho, el senador Camerucci señaló que ya se había intentado tratar el proyecto desde hace tiempo y estaban "demorados" con este asunto, un día después de que el presidente Mauricio Macri llamara a "enfrentar la mafia de los juicios laborales" y tras dos meses de la queja del oficialismo mendocino contra "una industria donde conviene iniciar el juicio porque mientras más volumen es más rentable en materia laboral", como declaró el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.

Esta "industria del juicio" también generó inquietud hace algunas semanas en los empresarios locales, luego de que la Federación Económica de Mendoza (FEM) asegurara que el fallo de la Suprema Corte que incrementa las indemnizaciones laborales va a perjudicar a los negocios locales y podría generar más cierres.

El argumento del oficialismo para la creación del OCLO es que, en promedio, un juicio laboral demora entre 3 y 4 años, siendo que los tratados internacionales que avalan este derecho establecen que no deben durar más de 8 a 10 meses.

Señalado los motivos por los que se impulsa esta medida, el senador radical Miguel Bondino cuestionó el accionar de la Justicia por los retrasos: "¿Qué ha hecho el Poder Judicial en defensa del trabajo? Todas las cámaras están con trabajo atrasado y no garantizan en absoluto lo que es un derecho constitucional".

Por lo tanto, desde el Frente Cambia Mendoza consideran que la iniciativa del Ejecutivo -con medio respaldo ahora del Poder Legislativo- es necesario porque el proceso "debe hacerse rápido y en tiempo razonable", al tener el salario un carácter alimentario. 

El artículo 4 del proyecto, que determina sobre qué demandas no tendrá competencia el cuerpo conciliador, incluye las que son contra el Estado o por accidentes y enfermedades profesionales, entre otras.

La principal crítica de la oposición, por su parte, se centró en la obligatoriedad de la normativa. El justicialismo señaló que ésta será la única ley en que obligan a la persona a someterse a una instancia previa en lugar de ir al juez natural para reclamar.

De acuerdo con la senadora Ubaldini, "se instaló la idea falsa de que hay alta litigiosidad en materia laboral en Mendoza, pero los primeros lugares en Argentina lo ocupa la materia tributaria, luego las penales y tercero los juicios civiles, seguido por los casos de familia, según los datos de la Corte Suprema".

Además, el FpV aseguró que el oficialismo podrá manejar las estadísticas de despido y apuntó contra un tema instalado en la sociedad: la violencia de género. "Las víctimas de acoso sexual tendrán que negociar su dignidad con el acosador", advirtió Ubaldini.

Comentarios de la nota

Últimas noticias

© Copyright 2017. Cuyo Servycom S.A.