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11 de noviembre de 2019
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Opinión

Compromisos que Suarez espera que se cumplan antes de asumir

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Desde China, el mandatario electo ha estado siguiendo algunas medidas y decisiones que debiesen confirmarse en el último mes de gobierno de Alfredo Cornejo.

Cuando al gobernador electo, Rodolfo Suarez, le han preguntado en los últimos días por la idea de avanzar durante su gobierno próximo a empezar en una posible reforma integral de la Constitución de la provincia no la descarta; de hecho, la confirma, y también admite que ha analizado y discutido la posibilidad de avanzar hacia un sistema de cámara única en la Legislatura provincial, poniendo el foco en la reducción del gasto político, y en una mayor eficiencia y equidad en la representación parlamentaria de cada uno de los departamentos de la provincia. Pero la trascendencia del asunto lo inquieta, como el impacto mediático del tema. No quiere quedar, ante la ciudadanía, como un gobernador que antes de asumir ya está pensando en su posible reelección. Y aclara que lo de la reforma de la Constitución es uno de los objetivos que planteó en la campaña, pero no el prioritario ni el más urgente.

El proceso de reforma iniciado por Alfredo Cornejo no se va a detener durante la administración de Suarez. El de Cornejo, como se sabe, avanzó sobre la estructura administrativa del Estado y particularmente se concentró el Poder Judicial en ciertos aspectos básicos y en la modernización de los códigos procesales, el Penal y el Civil, adaptados en gran medida a las necesidades de la provincia. Con el peronismo, incluso, el Ejecutivo que se va acordó avanzar en la aprobación e instrumentación del juicio por jurados populares, toda una revolución impensada algunos años atrás en Mendoza. En el seno del gobierno que se avecina, se entiende que lo de la reforma de la Constitución caerá por su propio peso, y para ayudar a su maduración ahí aparece en escena la idea de discutir la unicameralidad, un objetivo que tendrá más de uno o dos reparos del propio sector de la política.

En lo que sí parece estar concentrado el nuevo gobierno es en las formas y maneras que asumirá y adoptará para movilizar la economía, mejorar la situación de las pymes para que estas puedan comenzar a tomar nuevos empleos y hacer andar el motor del consumo. Como se trata, a la vez, de objetivos nacionales, en medio de la aguda crisis que afecta a Argentina, y como se entiende que será una meta prioritaria del futuro gobierno de Alberto Fernández, Suarez está esperando que desde la Nación comience a delinearse el camino que tomará el Gobierno para tener en cuenta con qué recursos de origen nacional podrá contar Mendoza y que tipos de financiación de la banca de fomento internacional –de existir– podrían estar a disposición para garantizar esa serie de obras, como la de la construcción de la planta de tratamiento de residuos del Gran Mendoza, por ejemplo.

Pero, en lo que respecta a lo que pueda hacer por sí sola la Provincia, allí aparecen en el horizonte las fuertes expectativas por el inicio de las obras hacia fines del año próximo de Portezuelo del Viento y los acuerdos que se han continuado tejiendo con algunas provincias chinas para explorar inversiones mineras y en plantas de energías limpias, situación que el propio Suarez ha comprobado en la misión de la que ha formado parte durante toda la semana pasada en Shanghai, en Beijing y en Cantón.

Precisamente, allí, desde China, Suarez ha estado siguiendo algunas medidas y decisiones que debiesen confirmarse en el último mes de gobierno de Alfredo Cornejo; es decir, de aquí hasta que opere el traspaso, el 10 de diciembre. Se trata de pasos trascendentes que involucran a toda la clase política, o a la mayoría de ella, que se podrían concretar en los próximos días, teniendo como epicentro, particularmente, a la propia Legislatura.

En verdad, un acuerdo con Cornejo, madurado en los días en los que ambos compartieron un pasaje breve por Francia, una semana atrás, le estaría permitiendo a Suarez que, una vez que tome el control de la provincia, lo pueda hacer con parte del camino allanado para darles alguna posible salida a los apremios económicos. Esas vías que aparecen tienen que ver con alguna intervención legislativa que modificaría parte de la ley minera 7.722 en algunos de sus artículos, o bien, podría eliminar la obligación de que cada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cada uno de los emprendimientos que se tramiten pase por la necesaria aprobación de ambas cámaras legislativas, como manda la actual ley.

Son asuntos que se han venido discutiendo durante meses, incluso, mucho antes de que se iniciara el proceso electoral que culminó en setiembre con la elección de Suarez como nuevo gobernador. En esos cónclaves no sólo ha participado la mayoría de los frentes y partidos políticos de la provincia, sino que también lo han hecho empresarios interesados en que Mendoza pueda llegar a ampliar su matriz productiva con aval político, académico y licencia social. Tres aspectos difíciles de conjugar en forma conjunta.

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