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29 de julio de 2006
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CAUSAS POR DESAPARECIDOS

Complican a ex represores

La Cámara Federal confirmó los procesamientos del ex dictador Jorge Rafael Videla y otros militares del último gobierno de facto. Los acusan de privación ilegal de la libertad y asociación ilícita

         La Cámara Federal complicó aún más la situación judicial de Jorge Rafael Videla y de otros jerarcas de la dictadura, para quienes confirmó el procesamiento por “privación ilegal de la libertad y asociación ilícita agravada”, en el marco de la causa por el denominado Plan Cóndor.


A QUIENES.


        Así lo informaron ayer a DYN fuentes judiciales, que precisaron que la medida abarca, entre otros, al ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy; al ex gobernador tucumano Antonio Domingo Bussi; el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex jefe de las tropas “leales” en la Semana Santa de 1997, general Ernesto Alais. La figura de “asociación ilícita agravada” contempla penas que van de los 5 a los 20 años de prisión o reclusión.



         Los integrantes de la Sala Uno de la Cámara, Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, confirmaron también los procesamientos de los ex represores Santiago Omar Riveros, Ramón Díaz Bessone, Antonio Vañek, Bernardo José Menéndez, Eduardo Samuel de Lío, Carlos Landoni, Juan Pablo Saá, Jorge Olivera Rovere, Carlos Tragant y Eugenio Wañabes Perello. Todos, a excepción de Videla, están en libertad. Según los camaristas, durante la investigación quedó probada la “relación ilegítima establecida entre los gobiernos y servicios de Inteligencia” de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay durante los años 70, el llamado Plan Cóndor.


         Los respectivos gobiernos de facto establecieron una “cooperación ilegal” destinada a “perseguir ilegalmente a opositores políticos”, actuando “en países ajenos para privar ilegalmente de la libertad ambulatoria a individuos para luego trasladarlos a su país de origen o bien procedían a la eliminación física”. De esa manera, la coordinación aseguraba evitar el “derecho de asilo” político a los opositores que intentaran escapar a países limítrofes. En el 2002, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de Videla por asociación ilícita agravada y 72 casos de privación ilegítima de la libertad, pues desde “la jefatura del aparato de poder” emanaron las órdenes ilegales y, por ello, “detentó el dominio de cada uno de esos casos”.


      La Cámara le dijo ahora que se trataba de una acusación distinta. Respecto de la extinción de la acción penal, se remitió a que el carácter de “crimen contra el derecho de gentes” le otorga “imprescriptibilidad”.

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