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9 de julio de 2007
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Cómo superar la crisis energética

La crisis actual, debida a un déficit de generación eléctrica de 3.000mw y de gas de 20 millones de metros cúbicos diarios, sin considerar la exportación que debería hacerse a Chile, requiere actuar sin dilaciones sobre la demanda y sobre la oferta

        Hay que entender que la crisis se agravará en los próximos años y es necesario administrar racionalmente esa crisis que, además de los trastornos que producirá a la gente en forma directa, afectará seriamente el aparato productivo. Es necesario advertir que el Gobierno no está actuando adecuadamente en ninguno de los dos aspectos.


          En la demanda no termina de admitir la crisis, lo que impide la adhesión de la población al momento de ahorrar energía, no tiene un plan de uso racional de la energía para que los usuarios de los servicios de gas y electricidad adopten ni tampoco tiene un plan de racionamiento del consumo para repartir con un criterio socioeconómico los costos de la escasez.


          Hoy, cuando no alcanza la energía se corta el suministro a la industria, recurriendo hasta a llamadas intimidatorias de funcionarios especializados en esas prácticas, y si esto no fuera suficiente, recién se lo hace en algún sector domiciliario y tratando de que la gente no se entere del problema. Como contrapartida, se mantienen tarifas congeladas que no guardan relación con los costos locales y menos con los internacionales y son, por lejos, las más bajas del mundo fomentando el derroche.


           En la oferta, el Gobierno tiene en construcción equipamiento eléctrico por unos 3.000mw y la incorporación de 20mm3/día de gas adicionales, ambos insuficientes y poco seguros, en particular el suministro de Bolivia. Y de no corregir en breve esta situación, la crisis será crónica. Lo que hay que entender es que las obras que lanzó recientemente el Gobierno, cuando debería haberlo hecho en el 2003, sólo cubren el déficit de hoy dentro de tres años pero no tienen en cuenta el crecimiento de la demanda, el que en tres años aumentará el déficit en unos 3.600mw en electricidad y en 20mm3/día de gas por lo menos.


          Por esas razones, en los próximos meses debería estar definido un nuevo equipamiento adicional para empezar a superar la crisis dentro de tres a cuatro años pero, a la fecha, no hay indicios para suponer que ello ocurra, máxime cuando se tome conciencia que ese equipamiento no previsto, que es mínimo y necesario, requiere de una inversión no menor a los 9.000 millones de dólares.


        Si se suman los casi 3.000 millones de dólares/año de gasto en subsidios para mantener la ficción de precios y tarifas de los servicios públicos y de algún sector industrial, los 5.000 millones de dólares de inversión para las obras de gas y electricidad lanzadas por el Gobierno, estamos en un requerimiento de capital, de persistir con los subsidios, del orden de los 23.000 millones de dólares en los próximos tres años.


       ¿Los puede disponer el Estado? ¿A qué costo? Ante estas realidades, más por una cuestión de fuerza que de convicción, el Gobierno tendrá que rever su política de intervencionismo estatal, incumplimiento de las leyes de la economía y de falta de seguridad jurídica para volver a concitar interés en los inversores globales, hoy seducidos por propuestas de países más previsibles que el nuestro.

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