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27 de diciembre de 2019
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Opinión

Cómo se tomó la decisión de no reglamentar la nueva ley 9.209

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Los motivos que llevaron a Suarez a tomar la medida fueron dos: uno es político y tiene que ver con la confusión reinante en el PJ. El otro es un informe de inteligencia policial que advertía sobre un posible recrudecimiento de la violencia social.

Quizás el llamado a una consulta popular con el compromiso absoluto y público de que se respete su resultado, es decir que se transforme en vinculante sin otra alternativa, puede que sea la última puerta disponible y viable que transporte al debate sobre minería SÍ o minería NO a un punto de resolución definitiva. Ha sido, sin dudas, la falta de confianza en las instituciones, en el Gobierno, en la política y, por supuesto, en las promesas de que se hará todo en función de lo que mandan las buenas prácticas internacionales y aceptadas en torno al cuidado del medioambiente, lo que está generando y provocando, de acuerdo con lo que se ve al nivel de la calle, el movimiento en contra de la actividad minera metalífera y a gran escala que se observa en varios lugares de la provincia.

El gobierno de Rodolfo Suarez decidió suspender la reglamentación de la nueva ley minera, la 9.209, que ha remplazado a la famosa 7.722, hasta tanto no logre reunir un mayor consenso social a los cambios. Pero, a la luz de lo que se está viendo, es poco probable que consiga ese acuerdo amplio o los consensos que está buscando porque lo que subyace, por sobre todas las cosas, es una posición intransigente en favor de la derogación lisa y llana de la nueva ley. De ahí que, quizás, debería concentrarse definitivamente en el llamado a un plebiscito para que sea la mayoría de los mendocinos la que, democrática y soberanamente, decida en concreto si podemos explotar los recursos naturales escondidos en las entrañas de la cordillera o dejarlos allí, en reserva y en custodia, para que sean las próximas generaciones las que definan qué hacer con ellos y cómo disponer de los mismos particularmente.

La historia de por qué Suarez decidió dejar en suspenso la reglamentación de la nueva ley que terminó modificando la 7.722 se basó en principio en dos causas fundamentales: una de ellas ha sido política y tiene que ver con la confusión reinante en el peronismo. Suarez y sus ministros, los más consustanciados con la nueva ley y con el desarrollo económico de la provincia, creían entender que el Partido Justicialista entraría en un debate interno sobre la posición tomada por la mayoría de sus legisladores, que tanto en el Senado como en Diputados apoyaron los cambios. Pero los sorprendió la manifestación pública de esa confrontación hacia dentro que tiene, a su vez, diferencias más generales y políticas que trascienden el debate sobre la minería. Cuando la mayoría de los dirigentes de manera inorgánica salieron a pedir una marcha atrás de la nueva ley, comprendieron que no habría banque opositor para seguir adelante con la reglamentación de la ley. Alfredo Cornejo, el ex gobernador y actual diputado nacional, ha conocido y visto en carne propia los desplantes del peronismo. En más de una oportunidad le advirtió a Suarez que la mayoría de sus referentes suelen decir una cosa en privado, que luego cambian en público. Suarez lo comprobó luego de las manifestaciones en contra de la nueva ley y la manera en la que fueron reaccionando desde el principal partido opositor.

La otra razón ha sido un informe de inteligencia policial que causó mucha preocupación en el Gobierno. El gobernador fue advertido, en medio del feriado de Navidad, de que si no enviaba una señal pública para descomprimir la tensión causada por la nueva ley, podría experimentarse un recrudecimiento de la violencia social porque las organizaciones que en un primer momento ganaron la calle pidiendo que no fuese modificada la ley por la que entienden se ha defendido el buen uso del agua en la provincia terminaron siendo copadas por otros grupos minúsculos, violentos y altamente politizados, que ya estarían persiguiendo y buscando instaurar un estado de inestabilidad y malestar social similar al que se ha visto en los últimos dos meses en Chile.

En verdad, si bien Suarez anunció un llamado al diálogo amplio para trabajar en la reglamentación de la ley, en un cronograma de reuniones que se activó ayer, no ha descartado en absoluto la convocatoria a un plebiscito, aunque aclaró en la conferencia de prensa que el mismo no estaba convocado y que se apelaría a esa herramienta en caso de que se fracasara con el llamado al diálogo para la reglamentación. “No es algo que se haya dicho porque sí nomás. Es una posibilidad cierta y si se tiene que hacer, se hará”, dijo una fuente cercana al gobernador a las pocas horas de que se lanzase el anuncio de la suspensión de la reglamentación de la ley buscando incorporar cambios en la misma de quienes no están de acuerdo con las modificaciones a la 7.722.

La política en general, el Ejecutivo y el gobernador, por sobre todo, no sólo tienen que ser coherentes y sensibles –especialmente frente a todo lo que ocurre en la sociedad– y además poseer ese atributo para nada común que les permite adelantarse a los problemas o percibirlos mucho antes de que se les manifiesten; también tienen que contar con esas características o, al menos, con la posibilidad de asimilarlas, comprenderlas y llevarlas a la práctica. Lo que no pueden hacer o, como mínimo, no se les está permitido a aquellos que persiguen o buscan hacer bien su trabajo y evitar las defraudaciones, es sucumbir a presiones que muchas veces se terminan corporizando en extorsiones lisas y llanas, en manifestaciones de prepotencia y antidemocráticas motivadas por fuertes intereses que no tienen nada que ver con lo que parecen decir en la superficie o, simplemente, por falta de información y por un interés supino en no buscarla, que es mucho peor.

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