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17 de diciembre de 2018
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Verbo Encarnado: cómo se destapó el supuesto maltrato a menores

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La congregación religiosa del Verbo Encarnado maneja varios hogares en la provincia.

Menores relataron zamarreos, duchas de agua fría a quienes se portaban mal y penitencias indebidas en hogares de San Rafael. Cuatro monjas fueron denunciadas. La palabra de la DINAF.

Tras una "escucha activa" donde menores internados de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) relataron que eran sometidos a distintas situaciones de violencia, el gobierno provincial decidió retirar este viernes a 25 chicos de seis hogares del Instituto de Servidora del Señor y de la Virgen de Matará, de la orden religiosa católica Verbo Encarnado. 

La alarma en el organismo se encendió luego de que una familia de San Rafael denunciara situaciones de maltrato como zamarreos, tirones de pelos y penitencias indebidas en estas instituciones. Fue en ese momento, donde autoridades de la DINAF decidieron intervenir a pesar de la reticencia de los religiosos.

De los seis hogares, sólo pudieron acceder a uno de ellos. El cuerpo técnico y profesional pudo entrevistar en forma individual a 16 chicos que coincidieron en sus testimonios. Hablabaron de maltrato psicológico y agresiones físicas, que incluían desde gritos hasta castigos como baños de agua fría y golpes que sucedían puertas adentro. 

Ver también: Retiraron a 25 menores de hogares religiosos por maltrato

Según detalló la directora de DINAF, Vanina Barone, los curas y monjas tenían estos hechos "naturalizados". Los menores apuntaron a cuatro religiosas que fueron denunciadas penalmente. 

"Como el equipo técnico me planteó que el sufrimiento de los chicos sería muy grande si los sacábamos del hogar, llegamos a un acuerdo con los religiosos para que desvincularan a las monjas y pudiéramos poner nuestros operadores para estar seguros que no se volverían a repetir estas situaciones", dijo Barone. 

Sin embargo, un día después la orden religiosa decidió concluir el convenio por el cual recibían un aporte del Estado por el cuidado de los chicos, unos $85.000 por albergar a cinco menores.

"Yo creo que desconocen la parta legal. Pensaron que iban a poder seguir teniendo a los chicos, pero esto no es posible, los niños están a cargo del Estado", afirmó la funcionaria. Y sostuvo que con el antecedente del Próvolo la mira está puesta en toda institución que tenga a cargo menores.

"Institucionalmente la gente está acostumbrada de que estas cosas pasen pero no voy a permitir que ninguna persona maltrate a ningún chico", comentó Barone.

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