Una denuncia por comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades y una investigación para nada fácil.

El año pasado, ingresó un llamado al Fonodroga y una persona que no aportó su identidad detalló con precisión que en el popular asentamiento Campo Papa del oeste de Godoy Cruz, “en la entrada del puente amarillo, a mitad de cuadra, hay un casa roja donde venden droga a toda hora el día”.

Sin embargo, lo que parecía una pesquisa más para desarticular la venta de sustancias ilegales al mejor estilo narcomenudeo en un quiosquito, se complicó a la hora de hacer los trabajos de campo y la vigilancia.

Presencia de “soldaditos” que alertan a los jefes narco y la conflictividad del barrio motivaron que los efectivos de la Policía contra el Narcotráfico de la provincia solicitaran a la Justicia federal el uso del “agente revelador”, una novedosa herramienta que comenzó a utilizarse en causas de difícil resolución gracias a que entrada en vigencia una ley para delitos complejos votada a fines del 2016 en el Congreso y reglamentada un año después

La normativa prevista les otorga facultades necesarias a los investigadores para introducir un policía que actúa para identificar sospechosos, lugares y hasta secuestrar elementos de importancia para la causa, siempre imposibilitándolo de infiltrarse en la organizaciones criminal.

Así lo sostiene el artículo 5 de la ley 27.319: “Será considerado agente revelador todo aquel agente de las fuerzas de seguridad o policiales designado a fin de simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a las víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos. En tal sentido, el accionar del agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo, por lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las organizaciones criminales como parte de ellas”.

Se diferencia del encubierto, que es “todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación, con autorización judicial”, señala el artículo tercero de esa misma norma.

Gracias al accionar de un policía de civil, que actuó como cliente para lograr introducirse en el corazón del barrio Campo Papa para constatar el delito investigado y los personajes que participaban en el comercio de drogas, la Justicia federal condenó a una mujer identificada como Lucía Magdalena Serrano, de 43 años.

Fue después de un juicio abreviado en el que la imputada reconoció la tenencia de drogas con fines de comercialización. El juez Alejandro Waldo Piña homologó el acuerdo entra la defensa y la fiscalía y sentenció a la mujer a 4 años de cárcel y multa de 45 unidades fijas (162.000 pesos, a razón de 3.600 por unidad).

La introducción de la figura

La historia del caso tuvo su inicio después de una denuncia registrada en el Fonodroga (números 0800-800-37642 y 4233233), que afirmaba sobre la venta de drogas en diversos sectores del barrio Campo Papa, situado en una de las llamadas zonas rojas del Gran Mendoza. 

El personal de la PCN comenzó a realizar vigilancias durante días sobre calle Ilia, en el puente en el cual se encontraban los vendedores de la droga, tal como sostenía la denuncia, y observaron la presencia de “soldaditos”, tal como los pesquisas denominan a los jóvenes que monitorean los movimientos en las cercanías a los “quiosquitos”, alertan la presencia policial a los vendedores de la drogas y también orientan a los consumidores o clientes.

Pero, por la conflictividad que reina en el barrio, no se pudo continuar con los trabajos de seguimiento con el objetivo de identificar a los responsables del narcomenudeo.

Ante los inconvenientes, los responsables de la pesquisa le solicitaron al juzgado federal de turno autorización para la utilización del agente revelador, y se hizo lugar.

Así, durante cuatro jornadas, entre el 18 de julio y el 22 de agosto, un policía que trabaja casos de narcocriminalidad se introdujo al Campo Papa con el objetivo de comprar sustancias prohibidas. Además, buscaba determinar cómo era la modalidad de venta, la vivienda en el que se comercializaba y el lugar donde se ocultaba la droga.

Durante los ingresos, el efectivo que simulaba ser comprador y consumidor se topó con “soldaditos”, vendedores de drogas y también identificó seis domicilios.

Cada uno de los personajes (más de cinco sospechosos, entre ellos, adolescentes de 15 años y personas mayores), fueron individualizados por características físicas y domicilio donde se encontraban para simplificar la pesquisa. 

Por ejemplo, el 18 de julio el agente ingresó al barrio y observó la presencia de tres jóvenes de entre 20 y 25 años. Para el detective, se trataba de “soldaditos”.

Cerca de la casa, identificada como Domicilio Nº1, un sujeto le preguntó “¿qué buscás?”.

El policía de civil no tardó en contestar y le dijo: “De la blanca”. El soldadito continuó con el diálogo y le marcó el Domicilio Nº1, para luego explicarle: “Pasá por el portón amarillo”.

El sabueso ingresó y se encontró a pocos metros de la puerta principal con una mujer de tez trigueña, delgada, de pelo largo y de unos 20 años, quien le preguntó: “¿Qué querés?”. El agente no tardó en responder y dijo: “Una bolsa”, tal como sostiene la investigación policial.

Ante esto, la vendedora del estupefaciente le contestó: “Son 200”. Pero la sustancia no fue entregada por la fémina.

Después de darle el dinero, la mujer le señaló a un hombre que se encontraba cerca él. El sujeto, de unos 25 años, tez blanca, contextura normal, pelo corto y gorra, sacó de una mochila gris un envoltorio de nailon transparente anudado en el extremo, que contenía una “sustancia blanquecina blanca” –cocaína– y se la dio al agente revelador. Mientras se iba, el vendedor le dijo: “Tomátela rápido que andan los cobanis por el barrio”.

Esa misma jornada, el efectivo se dirigió hasta otro domicilio, identificado como el Nº2, ubicado hacia el este. También se encontró con otros dos “soldaditos” y les preguntó si tenían algo; y los sujetos le respondieron “qué cosa”. El agente respondió “un papel” y le expresaron “ahora no, andá a la brigada, vení más tarde”.

El 26 de julio y el 6 y el 22 de agosto, el policía continuó ingresando a la barriada para marcar sospechosos y domicilios siempre simulando ser un cliente. Fueron seis las casas identificadas.

El último día, luego de intensos trabajos, lograron detener a Lucía Serrano, quien se encontraba con sus hijos y tenía plantas de marihuana (16), dosis de cocaína y dinero que sería producto de la comercialización. La habían identificado como sospechosa Nº3 y habitante del domicilio Nº6, uno en los que se comercializaba la droga.

Previamente, el agente había llegado hasta la morada y se encontró con la mujer: “Hola Doña, me da dos alitas…”. Y la mujer respondió: “Sí, vale cien cada una”. Después del breve cruce verbal, entregó dos envoltorios de nailon negros anudados que contenían el polvo blanco.

A poco más de un año del proceso, y aplicando una figura legal pocas veces utilizada en la provincia, la Justicia federal condenó a la vendedora de drogas.