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15 de febrero de 2007
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OCURRIÓ EN ESPAÑA EL 11 DE MARZO DEL 2004

Comienza megajuicio por atentado a red ferroviaria

La Audiencia Nacional de España comenzará a juzgar hoy a los 29 acusados por el atentado del 11 de marzo del 2004 en el servicio ferroviario suburbano de esta capital, el mayor en la historia de España, que causó 191 muertos y 1.824 heridos.

   MADRID (TÉLAM). La Audiencia Nacional de España comenzará a juzgar hoy a los 29 acusados por el atentado del 11 de marzo del 2004 en el servicio ferroviario suburbano de esta capital, el mayor en la historia de España, que causó 191 muertos y 1.824 heridos. El juicio llega casi tres años después del atentado y se prevé que la sentencia esté lista antes de que se cumplan los cuatro años máximos de prisión preventiva de los acusados para evitar su excarcelación.

   El tribunal, presidido por Javier Gómez Bermúdez, tendrá que esclarecer uno de los episodios más trágicos en la vida de los españoles, que resultó altamente politizado desde el momento en que marcó la salida del poder del entonces presidente, José María Aznar, del conservador Partido Popular (PP).

   La fiscalía pide 270.600 años de prisión para los siete principales acusados del asesinato de las 192 personas fallecidas, incluido el agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO) Francisco Javier Torronteras, muerto durante el operativo de asalto a un piso de Leganés, en el que se inmolaron siete de los presuntos autores materiales del atentado. El 11 de marzo del 2004, entre las 7.37 y las 7.39, estallaron diez bombas en los vagones de cuatro trenes en cercanías de Madrid, causando la muerte a 191 personas y heridas a 1.824.

   Los autores del ataque habían dejado mochilas-bomba en su interior y bajaron de los trenes antes de que estallaran en la estación Atocha, en el centro de la capital española; en El Pozo, un barrio obrero de inmigrantes, y en Santa Eugenia, otra barriada de las afueras de la capital española. Tres semanas después del atentado, el 3 de abril, siete de los presuntos autores materiales de la matanza, al verse acorralados por la policía, se inmolaron en un departamento de la localidad de Leganés, causando la muerte a un agente del GEO.

    La investigación judicial concluyó que los responsables integraban células islamitas del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), que pretendían castigar a España por su participación en la invasión a Irak.

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