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7 de julio de 2006
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LA POLÉMICA DEL RECORTE

Cobos mete presión a tres funcionarios

Son Roberto Grillo, Mario Campos y Raúl Ponce, quienes reclaman la devolución del ajuste salarial del 2001 y 2002. El gobernador insiste en que, si no renuncian al reclamo, se tienen que ir de la gestión

     Tres funcionarios del Gobierno quedaron ayer al borde de la renuncia por su decisión de reclamar la devolución del recorte salarial que aplicó el Poder Ejecutivo entre agosto del 2001 y diciembre del 2002. Los funcionarios que están en la cuerda floja son el ex ministro de Justicia y Seguridad y actual representante del Estado provincial en la empresa Edemsa, Roberto Grillo; el ex subsecretario de Seguridad y hoy coordinador de la DGE, Mario Campos, y el ex secretario privado de Roberto Iglesias, Raúl Ponce, quien se desempeña como asesor en el Ministerio de Turismo y Cultura.


      “Que se tomen el tiempo que quieran, pero tienen que renunciar a ese pedido”, advirtió ayer el gobernador Julio Cobos, en consonancia con la promesa pública que hizo un día antes: “El que quiera cobrar el recorte se tiene que ir de mi gestión”. La situación de Campos, Grillo y Ponce se complicó debido a las notas que presentaron semanas atrás para cobrar el dinero retenido cuando se les aplicó el ajuste. Los escritos fueron presentados en el Ministerio de Hacienda a fines de mayo y mediados de junio, pero recién ayer fueron dados a conocer por el Gobierno.


     Con matices, los tres funcionarios exigen la devolución de los montos recortados (21%) y piden que se evite la prescripción de sus reclamos, ya que los plazos estaban a punto de cumplirse.


RENUNCIA.


     El secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Jorge Albarracín, dijo ayer que estos funcionarios deberán presentar notas en las que renuncien al pedido, si es que deciden hacer caso a la orden política del gobernador.Asimismo, adelantó que hará un rastreo, “ministerio por ministerio”, para detectar si hay notas similares en otras oficinas y así unificar los expedientes de la devolución del recorte.


     Es que en su secretaría sólo consta el pedido de 17 personas, todos ex funcionarios, cuando, extraoficialmente, se dice que los reclamos incluyen a más de 50. El secretario Albarracín también le pidió a la diputada nacional de la UCR Silvia Lemos que envíe una nota de renuncia al pedido por el recorte, ya que su situación es, según los ojos del funcionario, “confusa”: su nombre figura en el legajo de las personas que reclaman la devolución del recorte, incluso con los montos que le tocaría cobrar, pero no aparece la firma de la legisladora.


     Lemos intentó aclarar el tema con una carta de queja a los medios (ver página 8) en la que dijo que “nunca”ha formulado un reclamo de este tipo, y relacionó su aparición en el expediente con un relevamiento que se realizó oportunamente para detectar a los afectados por el recorte.


INTERNA.


      La polémica por el reclamo del recorte avivó ayer la interna radical entre cobistas e iglesistas. Es que los que quieren cobrar son aliados del ex gobernador que han sido desplazados a puestos menores en el Ejecutivo.


     La amenaza de echar a los funcionarios que pidan la devolución provocó ayer un contraataque iglesista: este sector puso a correr el rumor de que en la nómina de los que ya cobraron el recorte figura la propia hermana del gobernador, Alicia Cobos, que es asesora de la DGE. Cobos se ocupó ayer en la mañana de chequear esta versión y aseguró, por medio de un vocero, que su hermana no ha embolsado la plata del ajuste.

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