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2 de enero de 2007
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ACUERDO MILLONARIO NACIÓN-PROVINCIA

Cobos, en defensa de Portezuelo

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Montarán un operativo para que el convenio con Kirchner para la construcción de la obra pase el filtro legislativo. El gobernador cumplirá con los requisitos de la Fiscalía de Estado.

     El Gobierno montará desde hoy un operativo político con el objetivo de convencer a todo el mundo de la conveniencia del acuerdo que firmó con la Nación para la construcción del dique Portezuelo del Viento en el Sur de la provincia. La maniobra oficial se debe a que el acuerdo que firmaron Julio Cobos y Néstor Kirchner a fines de agosto todavía tiene que pasar el último filtro: la Legislatura. Durante esta jornada, el Poder Ejecutivo mandará el proyecto de ratificación del convenio, el que debe ser homologado en la Casa de las Leyes para que Mendoza renuncie a un juicio millonario contra el Gobierno nacional a cambio de la obra hídrica, que costará más de 1.000 millones de pesos.

     A su vez, el vicegobernador, Juan Carlos Jaliff, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Marín, se ocuparán personalmente esta semana de seducir a los legisladores y de sofocar algunos focos de polémica. Pero, además, el gobernador Cobos planea dar, por su lado, una explicación amplia sobre lo que acordó con el presidente. Así, responderá públicamente a las dudas y condiciones que planteó la Fiscalía de Estado a mediados de diciembre. POLÉMICA. Al principio, el convenio Cobos-Kirchner provocó una fuerte polémica.

    Tras firmarlo, en medio de ruidosos aplausos en un acto que se realizó en San Rafael en agosto, el gobernador se vio obligado a reclamar aclaraciones a la Nación, ya que en el Presupuesto 2007 de la Nación no aparecían las primeras partidas del embalse (115 millones de pesos). Después hubo una señal de alerta de la Fiscalía de Estado, que el 14 de diciembre emitió un dictamen en el que le reclamó al Gobierno el cumplimiento de varias condiciones.

    Entre otras cosas, el fiscal Pedro Sin le pidió a Cobos que, antes de promover la homologación legislativa del convenio, demuestre claramente por qué la obra le conviene a Mendoza y asegure que no habrá perjuicios para la Provincia, en el caso de que la Nación demore la transferencia de fondos. Cobos dijo el viernes que responderá, punto a punto, estos planteos de Sin, para que el trámite sea totalmente transparente. Aunque confirmó que el beneficio del acuerdo no es inminente: la construcción del dique arrancaría recién en el 2008.

    ACLARANDO. Jaliff inició ayer mismo el operativo para disipar las dudas respecto del acuerdo que dejaría en el pasado el juicio de la promoción industrial que inició Mendoza en 1997. “La obra se va a hacer y será propiedad de la Provincia”, aseguró el vicegobernador. Jaliff también aseguró que Mendoza le sacará un buen rédito económico a la venta de energía eléctrica que producirá el dique. En tanto, fuentes legislativas indicaron que no habría demasiadas objeciones de la oposición al convenio si el Gobierno da todas las explicaciones que se le piden. Sin embargo, en el trámite legislativo de Portezuelo del Viento hay un punto confuso.

    Antes de discutir el acuerdo, los legisladores votarán el presupuesto 2007, donde se prevén partidas provinciales para usar en la obra en el caso de que la Nación no mande a tiempo la plata. Por ello, algunos senadores consideran que la votación de la pauta de gastos representará un aval tácito de la Legislatura al arreglo Nación-Provincia por Portezuelo. La sospecha fue desmentida ayer por el Ejecutivo, que aseguró que este artículo es sólo una cláusula preventiva que no suplirá la discusión del acuerdo.

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