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15 de marzo de 2007
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Científicos dicen no a barrios cerrados

Es una de las conclusiones a las que llegaron estudiosos de la UNCuyo respecto de la tan mentada y necesaria ley de uso del suelo. El trabajo se presentará mañana.

    Desalentar la creación de barrios privados y las construcciones en el piedemonte, idear un plan para frenar el crecimiento poblacional del Gran Mendoza, además de gestionar un ente de control que permita la aplicación de la ley de suelos son algunas de las conclusiones a las que arribaron los técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo que trabajan en el anteproyecto de una norma que regulará el uso del agua, del suelo y de la tierra en toda la provincia.

    Los científicos que elaboran el informe presentarán mañana las primeras conclusiones, después de que se archivó la cuestionada ley que se gestó durante los últimos 14 años en la Legislatura.

    POLÉMICA. Entre los puntos salientes se destaca la intención de terminar con la fragmentación de la provincia. La idea es que no se construyan más barrios privados, porque dentro de estos quedan cercadas calles públicas. La intención es que –al menos– se logren pautas claras para los emprendimientos que no se logren frenar y que, de esa manera, existan reglas simples y comunes para todos.

    “La fragmentación lleva a la segregación y a la violencia social”, resumió la coordinadora del proyecto, María Elina Gudiño, directora del Instituto de Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial de la UNCuyo (CIFOT).

    La especialista destacó, además, la incumbencia jurídica que existe en la prohibición de ingresar a espacios públicos, el acceso a los servicios y las garantías que tiene un ciudadano al momento de entrar a los mismos, como principales argumentos del proyecto que deberá ser ratificado antes de ser enviado a la Legislatura.

    UN CEPO AL PIEDEMONTE. Además, se intentará frenar las construcciones en lugares de riesgo, como los lechos de ríos y el piedemonte. La idea es que cada emprendimiento deberá obtener un certificado de aprobación ambiental, social y económica, en el que opinarán desde los habitantes de la zona hasta los órganos oficiales antes de la instalación de los barrios en el lugar.

    En el informe están trabajando científicos de la universidad, con el aporte de técnicos de los municipios y de los organismos involucrados. El objetivo es lograr un proyecto consensuado que llegue a la Legislatura con el aporte de todos los actores importantes y que no se repita el papelón de tener que archivar una propuesta por considerársela intensamente viciada.

    CONTROL. La doctora María Elina Gudiño explicó que el proyecto comprende la creación de un ente de aplicación y control. La idea es no generar superestructuras, sino un pequeño órgano que se encargue de la puesta en marcha de la ley que, finalmente, intentará regular el futuro de la provincia, explicó la titular del CIFOT.

    El documento final deberá ser entregado a la Legislatura antes del 1 de junio. Pero el viernes, a partir de las 8.30, en el Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo, se presentarán las primeras conclusiones elaboradas por las cinco comisiones de estudio que trabajan en el anteproyecto de ley.

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