Por: Medios

Cristina Kirchner intenta evitar que el caso de espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri vaya a Comodoro Py. La Cámara Federal de Casación suspendió provisoriamente el traslado.

La decisión transitoria fue adoptada por el juez Mariano Borinsky a raíz de una presentación realizada por el abogado Carlos Beraldi, representante legal de la vicepresidenta, ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal para que la causa se siga tramitando en los tribunales federales Lomas de Zamora.

El abogado Beraldi pidió que el expediente quede en manos del juez que viene interviniendo y apoyó su planteo en el concepto de "juez natural".

A partir de ahora, Casación deberá decidir se le habilita la vía para llegar a la Corte Suprema de Justicia con ese reclamo.

Mientras Casación evalúe el recurso, los efectos del fallo que la propia Cámara había emitido el viernes pasado para que la causa pase a Comodoro Py quedan suspendidos y el expediente permanecerá en Lomas de Zamora.

El abogado de la vicepresidenta, querellante en la causa, ya había anticipado que recurrirían a la Corte porque considera que la decisión de Casación es "un pronunciamiento manifiestamente arbitrario, que genera una situación de gravedad institucional inédita en tiempos democráticos".

En su presentación, Beraldi sostuvo que "la decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socavan la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad".

"Es imprescindible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales que por ley resultan competentes", agregó el letrado.

En caso de que la Cámara de Casación rechace el recurso extraordinario, la vicepresidenta podría ir en queja a la Corte Suprema, en cuyo caso la máxima instancia judicial podría decidir si toma en sus manos esta cuestión.

La apelación de Cristina Kirchner representa un gesto más político que jurídico ya que la Corte usualmente no  hace lugar a planteos que no tengan que ver directamente con derechos constitucionales.