La Justicia española sacudió hoy el tablero al ordenar el arresto de dos líderes de organizaciones civiles independentistas catalanas, mientras el presidente regional, Carles Puigdemont, respondió con una evasiva al ultimátum del Ejecutivo español sobre si declaró la independencia e insistió en su oferta de diálogo.

Por su parte, el gobierno central del presidente Mariano Rajoy volvió a rechazar cualquier negociación que no sea dentro del marco legal y advirtió al líder secesionista que si no rectifica para el jueves, será responsable de la intervención de Cataluña.

Sobre el final de una jornada en la que el esperado intercambio entre los gobiernos de Barcelona y Madrid no logró mover el escenario de bloqueo, una jueza provocó un terremoto al decretar la prisión sin fianza por delitos de sedición para los líderes de las dos principales organizaciones independentistas de Cataluña.

Tras la decisión de la jueza Carmen Lamela, de la madrileña Audiencia Nacional, contra Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, en Barcelona estalló un cacerolazo y una catarata de reacciones políticas, así como también comenzaron las movilizaciones.

Militantes de la ANC llamaron a “empapelar” la plaza Sant Jaume de Barcelona con carteles para pedir por la libertad de los dirigentes.

“España encarcela a los líderes de la sociedad civil de Cataluña por organizar manifestaciones pacíficas. Lamentablemente, tenemos prisioneros políticos nuevamente”, escribió Puigdemont en su cuenta de Twitter.

“Hemos hecho la última propuesta de diálogo, se han pasado de vueltas, estos encarcelamientos cierran todas las puertas”, manifestó por su parte el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderado por el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien por su parte acusó directamente al Partido Popular (PP) de Rajoy de responder al diálogo con la prisión para Sánchez y Cuixart.

Desde la izquierda, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó que la decisión es “injusta y un grave error” que aleja el diálogo, mientras el líder de los socialista catalanes, Miquel Iceta, consideró que la medida es “desproporcionada”.

La resolución judicial hizo saltar por los aires la estrategia que parecía haber puesto en marcha el gobierno español para contener el conflicto de secesión luego de que Puigdemont dejara en suspenso la semana pasada la decisión de declarar de forma unilateral de independencia.

Dos horas antes de que venciera el plazo que le dio Rajoy para que confirmara con claridad si había declarado o no la independencia de Cataluña, Puigdemont hizo pública esta mañana una carta que envió a La Moncloa, en la que no respondió de forma concreta al pedido y, en cambio, ofreció abrir un plazo de negociación de dos meses para alcanzar una “solución acordada” al conflicto de secesión.

Puigdemont remarcó que el 80 por ciento de los catalanes está a favor de que se celebre un referéndum acordado y dijo a Rajoy que “aceptar la realidad es el camino para resolver los problemas”.

“La suspensión del mandato político surgido en las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento”, añadió el líder secesionista, refiriéndose a la decisión que tomó junto con sus aliados la semana pasada cuando compareció en el parlamento regional.

Durante su intervención parlamentaria del 10 de octubre, Puigdemont dijo que asumía el mandato del pueblo catalán para declarar la independencia, pero al mismo tiempo pidió la suspensión de esa decisión para abrir una negociación con el Ejecutivo.

Ese mismo día, todos los diputados del bloque independentista firmaron una declaración de independencia, sin cláusula de suspensión, aunque el documento no fue registrado en el parlamento regional, lo que generó una gran confusión incluso en las filas propias y entre los 2,2 millones de catalanes que votaron a favor de independizarse de España en el referéndum que había sido declarado ilegal y que la Justicia ordenó evitar.

Fue entonces que el gobierno del conservador Partido Popular (PP) de Rajoy reaccionó exigiendo a Puigdemont que antes de las 10 de la mañana de hoy aclarara si había declarado la independencia de Cataluña de forma unilateral.

El pedido del gobierno central advertía que no aceptaría una evasiva como respuesta, y que consideraría una confirmación cualquier cosa distinta a una negativa, en cuyo caso entraría a correr otro plazo, hasta el jueves, para revocar la declaración de independencia bajo la amenaza de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que prevé medidas excepcionales para obligar a una región a cumplir sus obligaciones cuando esté en riesgo el interés general.

Rajoy lamentó “profundamente” que Puigdemont haya decidido “no contestar” a la notificación que le mandó el pasado miércoles para aclarar si se había declarado la independencia de Cataluña o no, según una carta de repuesta que difundió el Ejecutivo español.

El líder conservador avisó al dirigente catalán que si no responde de manera clara antes del jueves, será “el único responsable” de la aplicación del artículo 155, un precepto que, según subrayó el jefe del Ejecutivo, “no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía”.

Según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente catalán, quien está apoyado en su desafío por la coalición de fuerzas independentistas Junts pel Sí, todavía “tiene la oportunidad de decir que no debe revocarla (la independencia) porque no la ha declarado”.

“No resulta creíble para nadie” que Puigdemont llame al diálogo al gobierno “cuando se lo ha negado a los grupos de la oposición en el parlamento catalán”, añadió, para luego invitarlo a debatir “donde se debaten los grandes temas del país”, en alusión al Congreso de los Diputados.

En este marco, el partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) reclamó a sus socios de Junts pel Sí fijar una sesión plenaria para que el parlamento regional proclame formalmente la independencia, pero la falta de acuerdo llevó a que la Junta de portavoces de la cámara, de mayoría independentista, suspendiera las sesiones de esta semana.

“Nuestra propuesta de diálogo es sincera y honesta”, insistió Puigdemont en su carta, en la que pidió a Rajoy revertir “la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña” y concretar “lo antes posible” una reunión.

El encarcelamiento de Sánchez y Cuixart, no obstante, cambió radicalmente el panorama, a pesar de que el gobierno español insiste en que la Justicia y la política transitan por caminos paralelos.