Dante Simón, vicario judicial del Arzobispado de Córdoba, declara esta mañana frente al fiscal Gustavo Stroppiana. El enviado de la Iglesia llegó este domingo por la noche a Mendoza para realizar una investigación interna en la causa de abusos en el Instituto Próvolo.

Hasta el momento hay 27 denuncias de abusos sexuales a niños con discapacidades y seis detenidos, entre ellos dos curas y una monja.

En diálogo con Canal 9 Televida, Simón aseguró que su tarea es “escuchar a los denunciantes, porque son ellos los que ponen en movimiento esta investigación”.

– ¿Cuáles son las expectativas en esta jornada?

– Hemos venido a investigar fundamental y únicamente la posible comisión de delitos de estos dos sacerdotes que están en libertad. Teniendo en cuenta que la Iglesia considera uno de los delitos más graves cuando un clérigo o sacerdote abusa de un menor. El sacerdote por ser ciudadano está siendo investigado por la Justicia del Estado de Mendoza y al ser clérigo también lo investiga la Iglesia. Vale decir que ante la comisión de un delito por un sacerdote es doblemente investigado y doblemente juzgado. Nosotros en este momento estamos haciendo lo que hace el fiscal que es recoger la información. Por eso hemos venido ahora a tratar de encontrarnos con las personas que posiblemente han sido damnificadas en relación a los dos sacerdotes.

“Quiere decir que la investigación que hace el fiscal es mucho más compleja que la nuestra. Él tiene que investigar todas las acusaciones que hay contra todas las personas, pero nosotros nos detenemos solamente en los sacerdotes.

– ¿Han tenido comunicación con los dos sacerdotes detenidos?

– Sí, la vez anterior nos hemos podido comunicar con los dos sacerdotes detenidos. Con quienes no nos hemos podido comunicar es con los denunciantes, desgraciadamente. Porque nuestro cometido era principalmente escuchar a las personas que han sido posiblemente abusadas. Al llegar a Mendoza lo primero que hicimos fue pedir el informe al Arzobispado sobre todas las denuncias, pero el arzobispo respondió por escrito que no tenía ninguna. Entonces eso llevó a nosotros pudiéramos hacer la investigación comenzando por otro lado, lo que no es ideal. Porque es importante y fundamental escuchar a las personas. Hemos venido por segunda vez a ver si logramos eso. Por eso si alguna persona tiene algo que decir, ha sido testigo, ha sido damnificado nos agradaría y haría que hagamos mejor nuestra misión si nos aportan todo lo que tienen.

– ¿Cuál es el objetivo de ustedes a la hora de escuchar estos testimonios tan fuertes?

– Es que esa es nuestra tarea: escuchar a los denunciantes, porque son ellos los que ponen en movimiento esta investigación. Ellos son el centro de la investigación. Por eso yo no podría cumplir mi tarea si no los escucho o si ellos no me aportan todos los datos que tengan.

– La pena máxima eclesiástica ¿es la expulsión de la Iglesia?

– Así es. Tiene que tener en cuenta que la Iglesia no tiene cárceles, no tiene pena de muerte, no tiene el poder de la Policía. Si el fiscal me cita como ciudadano y yo no comparezco me hace venir con la fuerza pública. Yo puedo invitar a las personas que denuncian que vengan a hablar conmigo, pero si no quieren no tengo otro poder para hacerlos venir. Lo mismo en relación a la pena, puede ser una pena perpetua para ellos pero en función del estado clerical no hay cárcel.

– Usted ya estado en otros casos investigando ¿este es el más grave que le ha tocado?

– Este es el más mediático y el más grave por las denuncias que ustedes nos están haciendo conocer. Sin dudas que sí.

– ¿Qué otros casos le ha tocado investigar en nuestro país?

-Esos casos que investigué los he mandado a la Santa Sede. No se olvide que el investigador es el que ha sido enviado para recoger información a la Santa Sede que es la competente, yo no soy dueño de la información que manejo.

La Santa Sede es la que encomienda, recibe la información, la procesa y obra. Puede obrar de distintas maneras: aplicando la pena apenas termina la investigación, puede también al mismo tiempo aplicar la pena máxima, puede pedir un proceso penal que también tiene la Iglesia. Otra posibilidad es que la santa sede diga que falta información sobre tal o cual aspecto.

– No solamente son 27 víctimas, en estos casos todos nos sentimos víctimas. Le quiero pedir que dé un mensaje a la sociedad de sosiego sobre toda la situación que ha ocurrido.

-Lo que acaba de decir es sumamente importante: esto nos afecta a todos y la Iglesia está muy dolida por esto. Estamos ante la posibilidad de que alguno de sus ministros sagrados haya cometido estos delitos aberrantes. Entonces a nosotros nos afecta y duele como a cualquier familia. Pero como usted ha dicho esto nos afecta a todos, de modo que si yo intentara ocultar o desviar la investigación, tratara de proteger injustamente a los sacerdotes para que no se sepa que son culpables yo sería un abusador. Como también la Justicia del Gobierno de Mendoza, la fiscalía si tratara de ocultar, embarrar estaría abusando de los menores. La familia que no hace saber que ante una situación similar a esta no denuncia está abusando de los menores. La defensa si trata de complicar o de no confiar con claridad como son las cosas o hay otros intereses está abusando de los menores.

“Este es un tema muy cercano al corazón de toda la sociedad. Los menores doblemente vulnerables, porque son menores con una discapacidad, son el cristal de la sociedad. Los cristales se protegen y cuidan porque la marca en un menor es para toda la vida. Gracias a Dios la Iglesia ha avanzado en esto y ha hecho que la legislación sea más estricta por el bien de los menores. También siguiendo las indicaciones del Evangelio el fundador de la Iglesia, que es Jesús, nos ha invitado a todos nosotros a que seamos especialmente cuidadosos de los más débiles. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso nosotros queremos llegar a la verdad hasta las últimas consecuencias, si son culpables tendrán que pagar su culpa”.