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5 de diciembre de 2019
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Tribunales

Caso Luciana: condenan a un ex operador del OAL

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Luciana Rodríguez tenía 3 años.

En un abreviado final, Rafael Vizcarra reconoció el delito que se le acusaba por abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el crimen de Luciana Rodríguez, ocurrido en 2014. Otros cuatro imputados empezaron a ser juzgados.

El caso de Luciana Rodríguez conmocionó a la provincia en 2014. La niña de 3 años fue ultimada a golpes en su casa de Ciudad, a pocos metros del centro, y por el hecho fueron condenados sus padres Rita Evelin Rodríguez (28) y Jorge Coco Orellano (41), al año siguiente.

Este jueves, el caso sumó una nueva sentencia en el expediente que investigaba a los ex empleados del Órgano Administrativo Local (OAL) –hoy Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI)–, por los delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El ex operador Daniel Vizcarra fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para cargos públicos durante un juicio abreviado final, en el que reconoció el delito que se le acusaba, en la previa al debate oral y público que debía enfrentar junto a otros cuatro profesionales del ex OAL.

Los otros imputados en la causa son la psicóloga Fabiana Lucentini, los funcionarios Felipe Vizcarra y Gianina Consina y la licenciada en Minoridad y Familia Mónica Castro. 

El caso

El 7 de enero de 2014, minutos antes de las 22, Orellano llevó a la criatura hasta la clínica Santa María, ubicada a pocos metros de la casa abandonada de calle Entre Ríos al 368 donde vivían. Los profesionales intentaron reanimarla, pero la pequeña perdió la vida 40 minutos después.

Tras dar aviso a las autoridades, policías detuvieron a los padres de Luciana en el mismo domicilio. Familiares llegaron al lugar y junto con cuidacoches de la zona revelaron que el hombre había golpeado a la pequeña en varias ocasiones, lo que fue el inicio de la investigación que involucró a funcionarios gubernamentales.

Orellano fue imputado por homicidio agravado por alevosía –aprovechó el estado de indefensión de la pequeña– y a Rita Rodríguez la acusaron por homicidio agravado por el vínculo y por omisión impropia, ya que tenía conocimiento de lo que sucedía y no hizo nada para evitarlo. 

El 29 de setiembre de 2015, la Séptima Cámara del Crimen condenó a los progenitores de la pequeña a prisión perpetua.

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