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26 de diciembre de 2006
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CONTROLES DE RENTAS

Camioneros se oponen a cambios en el Código Fiscal

Las empresas de transporte de Mendoza se pronunciaron en desacuerdo con el proyecto de la ley impositiva que, a través de la modificación del Código Fiscal, implementaría la utilización de la oblea de operación de traslado (COT), utilizada por Rentas en la provincia de Buenos Aires

        De esta forma, se considera a los transportistas dueños de los productos, esta situación los expone a la pérdida de mercaderías por decomiso, agravada por el pago de elevadas multas. Tanto la Dirección de Rentas como el Ejecutivo provincial aseguran que la implementación de esta medida tiende a evitar la circulación de mercaría robada. Por estos días, el proyecto circula por la Cámara de Diputados y desde la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) aseguran que en una semana ingresaría al Senado, momento en el que los propietarios tendrían que tomar medidas más solidas para frenar el proceso, debido a los inconvenientes de estructura que les causaría.


        De aprobarse, este proyecto violaría dos de las leyes más importantes en cuestión de transporte de cargas. Por un lado, la de Código de Comercio, que determina que el transportista sólo es responsable del traslado de la carga, no así como pretende establecer el proyecto. Además, abarcaría no sólo a los transportistas provinciales, sino también las mercaderías que ingresan en la provincia.


           La operatividad de la puesta en marcha de la ley impositiva es altamente conflictiva, por un lado, se presenta la cuestión administrativa, ya que, de realizarse el tramite en la Dirección de Rentas, las empresas de transporte asumirían toda la responsabilidad administrativa y las obligaciones económicas, lo que implica mas pérdidas.


        En Aprocam aseguran que si no logran que el Gobierno desista de la aplicación de este sistema, harán una presentación ante la Fiscalía del Estado, por la que se pediría la declaración de la inconstitucionalidad de esa ley, ya que, para las empresas transportistas, la aprobación y aplicación responde a meros intereses de recaudación y no de seguridad.

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