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19 de julio de 2006
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CAMINO EQUIVOCADO

Nuevamente, la Cámara de Comercio de San Rafael elige el camino equivocado.

     Ayer fue la furibunda oposición a la reapertura de la mina de uranio de Sierra Pintada, la oposición a los destinos de la venta de activos de Hinisa, y ahora la liquidación de Vialidad Provincial, resabios de la vieja y perimida política neoliberal que gobernó a la Argentina en la nefasta década del 90. No es la primera vez que la estructura de la DPV y su escasa masa coparticipable del ITC (impuesto transferencia combustible) es codiciada por algunos municipios y empresarios que están empeñados en la desaparición de Vialidad. Nuevamente, el árbol no les deja ver el bosque.


     Compartimos la observación sobre las dificultades existentes en la red vial de Mendoza no sólo para sacar hacienda de campos ganaderos, la producción agrícola en la zona de bajo riego, los caminos turísticos, entre otras. Obviamente que, en esas condiciones, los costos de transporte se elevan considerablemente pero, afirmar que los "empresarios" absorben los mayores costos, es burlarse de nuestro pueblo. Esta afirmación se desnuda con los precios en las góndolas, lo terminamos pagando los consumidores.


     La empresa tiene problemas presupuestarios, de gestión, de internas palaciegas de militantes políticos que no comprenden que Vialidad debe estar al servicio de los usuarios y no en cuestiones partidarias, pero decir que Vialidad está ausente en la conservación rutinaria de caminos ganaderos como lo manifiesta el dirigente Formidábili, es confundir a la comunidad. Quizás no se realizaron los trabajos con la periodicidad que los usuarios quisieran. No es menos cierto que el parque automotor está muy deteriorado, pero cualquier usuario del camino es testigo de que los encargados de seccional siempre buscan una solución. Rechazamos el concepto irresponsable de la liquidación de Vialidad y de que funciona con una oficina para contratar empresas de acuerdo al presupuesto.


     Sólo les faltó decir que la "oficina" la controlen los ganaderos y empresarios. No se trata de cuestiones sentimentales. Se trata de la conservación de casi 16.000 kilómetros de caminos, de casi 1.300 trabajadores viales y sus familias, que se quedarán en la calle, y miles de usuarios que no utilizarán la empresa. Lo correcto sería que el Gobierno aplique "políticas de Estado" con profundo sentido de equidad territorial y declare la emergencia vial, un modelo progresivo de inversión en la infraestructura vial y la desconcentración operativa y administrativa. 

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