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14 de julio de 2006
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SE APLICARÍA A FIN DE AÑO O PRINCIPIOS DEL 2007

Buscan reformar el sistema carcelario

El Ejecutivo minimizó el inminente cambio de autoridades en la cárcel y dijo que apuesta a reordenar todo el servicio penitenciario para que haya coordinación

       El Gobierno le restó dramatismo al cambio de autoridades que se viene en la cárcel provincial y, en cambio, remarcó que, más allá de las personas que ocupen los cargos, solucionará la crisis a través de una “reforma integral” del sistema penitenciario. “No hay hechos traumáticos en la cárcel. Nuestro único problema urgente es la falta de personal penitenciario”, sostuvo ayer el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, con lo que minimizó la cercana renuncia del director del penal, Carlos Lugea (ver aparte), y el pase a retiro de unos 10 oficiales de alto rango de la cárcel.


       En cambio, Marinelli aseguró que la reforma legal y administrativa desactivará el polvorín carcelario. “Queremos que todos los componentes funcionen, para tener un sistema penitenciario modelo en el país”, afirmó el funcionario, y adelantó que los cambios se aplicarán en coincidencia con la inauguración de la nueva cárcel de Cacheuta.


CLAVES.


       Una de las claves de la reforma sería que la dirección del penal dejará de concentrar todo el peso del sistema, como ocurre hoy. Para esto, se hará un nuevo organigrama en el que el de director sólo será un mando operativo más del servicio penitenciario. Así, la renuncia del eventual jefe no hará tambalear todo, como ha ocurrido hasta aquí con las sucesivas dimisiones de los directores (cinco en lo que va de la gestión de Cobos). Además, el Gobierno pretende reordenar los institutos que dependen de la cárcel y crear otros.


      Entre ellos, la figura del ombudsman o procurador de la Penitenciaría. El plan abarcaría, incluso, el siempre cuestionado sistema de compras de la cárcel: Marinelli dijo que se hará un convenio con la Oficina Anticorrupción para asegurar la transparencia en la administración de la comida de los internos y del resto de los insumos.


LEY ORGÁNICA.


      Mendoza no tuvo nunca una ley orgánica del sistema penitenciario. El año pasado hubo un tibio intento de saldar esta deuda, pero terminó en la nada, ya que fueron retirados del proyecto los aspectos organizativos y sólo se sancionó en la Legislatura un nuevo escalafón del personal penitenciario (para colmo de males, el escalafón ha generado conflictos y requerirá una reforma). Sin embargo, el Gobierno asegura que ahora sí va a impulsar la demorada norma.


       Los primeros borradores de la ley están sobre el escritorio de la jefa de gabinete del Ministerio de Gobierno, Sandra Gómez, quien ayer confesó que el servicio penitenciario de la provincia “está fragmentado y funciona con leyes de hace 1.000 años, por lo que hay que darle una organización coherente”. Entre los objetivos de la ley orgánica, figura realzar la dirección general del Servicio Penitenciario para que coordine las cárceles de la provincia. El cargo ya existe y su titular es María Angélica Elorza, pero hoy casi es una figura simbólica del penal.


       También se planea darle un enlace a la cárcel con los institutos vinculados a su funcionamiento, como el Organismo Técnico Criminológico, y apurar la apertura de la Dirección de Liberados, que fue aprobada por la Legislatura pero todavía no se reglamentó. Todas estas ideas serán discutidas con la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura antes de abrir el debate en el recinto, para “generar un consenso previo”, indicó Gómez.

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