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19 de octubre de 2009
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IMPACTO AMBIENTAL

Buscan frenar construcciones inmobiliarias en zonas rurales

La Secretaría de Ambiente enviará a la Legislatura un proyecto para controlar la urbanización desmedida en tierras productivas.

La medida pretende que no se siga avanzando con proyectos inmobiliarios en áreas sensibles, como el cordón verde de Guaymallén y las zonas de viñas de Maipú y Luján, prioritariamente. Guillermo Carmona, secretario de Ambiente de la provincia, afirmó que desde diferentes sectores de la sociedad se han manifestado alarmados por el excesivo avance de la construcción privada en territorios rurales, arrastrando consigo devastadoras consecuencias económicas y sociales.


 MAL NEGOCIO. Tierras excelentes para el cultivo que se pierden, familias que se trasladan a las ciudades y pasan a formar parte de la marginalidad urbana y cambios en la configuración del ámbito rural son las principales preocupaciones que se vienen observando en estudios realizados por la UNCuyo, el Conicet y otras instituciones vinculadas con la conservación del recurso hídrico. Básicamente, con los cambios que se impulsan, se estaría cumpliendo con la Ley de Ordenamiento Territorial, la cual prohíbe la autorización de excepciones municipales o provinciales en áreas rurales de notable calidad para la producción, que son transformadas en complejos cerrados. Vista satelital de Vistalba, en Luján, donde se mezclan countries y viñedos.


IMPACTO AMBIENTAL. Carmona enviará la semana entrante al Parlamento local un proyecto de ley que propone la modificación del anexo II de la Ley Nº5.961 Ambiental, que fue aprobada en 1992. En el mencionado anexo se otorga competencia a los municipios para exigir estudios de impacto ambiental en el caso de actividades y obras que puedan alterar el equilibrio ecológico y ambiental de un territorio, entre ellos, el emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de los existentes. El proyecto de modificación de la ley busca un mayor control del Estado, para que no se siga avanzando en proyectos inmo


    biliarios, como barrios cerrados que son construidos en áreas eminentemente rurales. Para ello, se exigirá que cualquier cambio de actividad económica implique la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA) y la verificación de las ordenanzas municipales correspondientes para determinar si se autoriza o no el nuevo emprendimiento.


    Según Carmona, las ordenanzas municipales zonifican los territorios pero, “históricamente, no han sido respetadas”. Además, el funcionario explicó que, desde la creación, el año pasado, de la Unidad de Evaluación de la actividad agropecuaria, que debería entre sus actividades realizar controles ambientales, “nunca se ha aplicado a los establecimientos agrícolas ni al cambio de una actividad agropecuaria (por ejemplo, una viña) por otro uso, como la construcción de un barrio o el establecimiento de una industria”.


HAY CONSENSO. Durante la segunda reunión plenaria del Consejo de Estado del plan estratégico de desarrollo provincial, Santiago Debé, presidente de la Cámara Inmobiliaria mendocina, manifestó el apoyo de la entidad al proyecto que impulsa la Secretaría de Ambiente.


 MÁS PLANIFICACIÓN. “Esto no va en contra de la construcción, pero hay que construir evitando procesos espontáneos, sin planificación, porque después nos encontramos, además, con que los municipios se ven desbordados cuando tienen que proveer de servicios básicos a los nuevos barrios”, explicó Carmona. Asimismo, el secretario aseguró que la aplicación de este nuevo criterio no va a afectar a quienes ya tienen derechos adquiridos por autorizaciones que se otorgaron previas a la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial.

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