El gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, presentó un proyecto de modificación de la ley 3.909 de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza.

La reforma, que tendrá que ser analizada por la Legislatura, tiene como objetivo agilizar y dar transparencia a los procedimientos administrativos del Estado, a través de la unificación de reglas de actuación y la incorporación de tecnologías informáticas.

“Al iniciar el Gobierno nos propusimos una amplia modificación del funcionamiento del Estado con el objeto de prestar mejores servicios y para eso  se requiere una reforma estatal lo que significa modificar sus normas”, expresó Cornejo.

Como parte de la modernización del Estado, la Ley 3.909 que fue sancionada en 1973, requería también modificaciones, detalló el presidente de la Comisión de Reforma de la Ley, Jorge Sarmiento García, quien describió la ley como “sabia y práctica”, pero “añosa”.

En tanto, Dalmiro Garay señaló: “Era importante contar con un instrumento que sea más eficaz en las nuevas tecnologías para lograr mayor agilidad”

Y agregó: “Hemos proyectado una reforma que reduce sustancialmente los plazos en los reclamos administrativos; elimina los recursos administrativos por la vía que hoy tenemos, en los que, por ejemplo, un docente que quería impugnar una decisión de un director, debía esperar cuatro o cinco años porque los recursos administrativos que tenía que presentar no menos de cinco”.

Los objetivos del proyecto

– Lograr mayor seguridad jurídica, al fijar los principios generales del procedimiento administrativo y ordenar una revisión de todos los procedimientos especiales a fin de unificar plazos y reglas de actuación.
 
– Agilizar y dar transparencia a la gestión administrativa, con la recepción del sistema de gestión electrónica de documentos y notificación (expediente electrónico) que ya estamos aplicando en varias oficinas.
 
– Simplificar el sistema de recurso administrativos, eliminando la necesidad de recorrer el largo camino con obstáculos que es hoy lograr la revisión de un acto administrativo, acortando así los plazos.
 
– Generar un sistema cautelar en sede administrativa que logre evitar la alta judicialización de cuestión de administración mediante los amparos de urgimiento (amparo por mora).

– Receptar la moderna doctrina y jurisprudencia en materia de procedimientos, que obviamente no contenía nuestra ley 3909.