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3 de octubre de 2006
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ESCÁNDALO POR LOS CONTRATOS EN SEGURIDAD

Bondino se defendió atacando a legisladores

El ministro de Seguridad fue a la Legislatura. Allí lo interrogaron sobre la frondosa planta de contratados de su cartera y una nueva lista de ?personal convocado?. Respondió acusando a los legisladores.

    No hay mejor defensa que un buen ataque. Esta estrategia fue la que utilizó el ministro de Seguridad, Miguel Bondino, ayer en la Legislatura, ante las preguntas sobre los dos escándalos que le han estallado: el robo de combustible de los móviles policiales y la abultada planta de contratados.

    Acusó a la Comisión Bicameral de Seguridad de no enviar un informe sobre su actuación en lo que va del año, de que los legisladores hayan ido a denunciar a la Fiscalía de Estado algunos temas y no lo hayan consultado y de querer aprobarle un proyecto con superpoderes y, después, recriminarle algunos aspectos de su gestión.

    Y hasta los responsabilizó de votarle un presupuesto para fondos reservados (estos no deben ser rendidos) y para los contratos de los que hoy le pedían explicaciones. E, incluso, mostró una boleta del cuestionado contratado sanrafaelino Cristian Pérez Barceló por la que, supuestamente, el bloque del Senado del PJ le paga para difundir tareas de los legisladores en el sureño departamento (ver página 5).

    De esta manera, el ministro trató de defenderse. Con tono firme y hablando en voz alta, Bondino dijo: “Hay contratos que vienen desde 1998 (año en que se inició la reforma en Seguridad), algunos de ellos son considerados como pasados a planta permanente”, por su antigüedad.

    Ante esto, el funcionario reconoció que aquí también existen irregularidades en cuanto a la situación de algunas personas que trabajan en el ministerio que élNo hay mejor defensa que un buen ataque. Esta estrategia fue la que utilizó el ministro de Seguridad, Miguel Bondino, ayer en la Legislatura, ante las preguntas sobre los dos escándalos que le han estallado: el robo de combustible de los móviles policiales y la abultada planta de contratados.

    Acusó a la Comisión Bicameral de Seguridad de no enviar un informe sobre su actuación en lo que va del año, de que los legisladores hayan ido a denunciar a la Fiscalía de Estado algunos temas y no lo hayan consultado y de querer aprobarle un proyecto con superpoderes y, después, recriminarle algunos aspectos de su gestión.

    Y hasta los responsabilizó de votarle un presupuesto para fondos reservados (estos no deben ser rendidos) y para los contratos de los que hoy le pedían explicaciones. E, incluso, mostró una boleta del cuestionado contratado sanrafaelino Cristian Pérez Barceló por la que, supuestamente, el bloque del Senado del PJ le paga para difundir tareas de los legisladores en el sureño departamento (ver página 5). De esta manera, el ministro trató de defenderse.

    Con tono firme y hablando en voz alta, Bondino dijo: “Hay contratos que vienen desde 1998 (año en que se inició la reforma en Seguridad), algunos de ellos son considerados como pasados a planta permanente”, por su antigüedad. Ante esto, el funcionario reconoció que aquí también existen irregularidades en cuanto a la situación de algunas personas que trabajan en el ministerio que él comanda.

    Pero ningún legislador se percató de este detalle. Cuando Bondino levantó la boleta de Pérez Barceló, los justicialistas se miraron entre sí como preguntándose quién era el que había pagado por este servicio de difusión, cuando los bloques no manejan dinero para este tipo de cosas. Es más, dos de los legisladores salieron eyectados de la reunión para tratar de encontrar una respuesta y aclarar la situación.

    El presidente de la Bicameral, Daniel Cassia, dijo que él no había sido y dejó entrever que “esta estrategia del ministro es para embarrar la cancha ante la complicada situación que tiene enfrente”. Luego de que Bondino se fuera, los peronistas salieron rápidamente a decir lo mismo. En tanto, los referentes del ARI Néstor Piedrafita y Alejandra Naman fueron más que contundentes a la hora de las preguntas.

    Le consultaron sobre la boleta que fue difundida ayer por El Sol, por la que Radio 10 de San Rafael pasó al ministerio una orden de publicidad por “difusión actividad de ministerial y entrevistas a funcionarios en los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año” por 9.000 pesos en total.

    “Cualquiera puede enviar un fax al ministerio, pero eso (por la publicidad) lo decide la Gobernación.Y desconozco esa documentación”, aseguró Bondino. También dijo que no maneja un centavo para publicidad, ya que, “cuando se dividió el ministerio y la parte de Justicia pasó a Gobierno, esos fondos se fueron de Seguridad”.

    Pero hasta en eso el efecto búmeran lo atrapó, ya que del presupuesto de este año se desprende que cuenta con 600.000 pesos en este concepto y la cartera se dividió durante el 2005. Desde el Ejecutivo aseguraron que si se comprueba que se pagó una boleta de publicidad desde Seguridad, “debe rodar la cabeza de alguien”. El ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, dijo que iniciará una investigación interna y de forma difusa apuntó al coordinador de prensa Augusto Peterle, porque es quien maneja la pauta oficial.

    DETALLES. Delante de los legisladores, el ministro volvió a repetir que no conoce a los 77 contratados que existen en Seguridad. Ante esto, Naman le preguntó si pedían antecedentes a las personas para desempeñar determinadas tareas. El funcionario dijo que no, que le proponían los nombres y ese era todo el trámite para firmar la resolución y otorgar el contrato de locación. Bondino se quedó tieso cuando el senador de la Bicameral, el demócrata Carlos Aguinaga, le mostró otra lista.

    Esta era de unos 69 contratos que están bajo la modalidad de personal contratado y todos figuran con rango policial.“ Esta gente está para tareas de asesoramiento o administrativas en el ministerio y en las comisarías, no en cuestiones operativas”, sostuvo, y luego no quiso admitir que uno de los nombres que aparece ahí es el del comisario inspector Gabriel Melaj, quien fue protagonista de la revuelta policial del 98.

    Incluso, Melaj ha sido uno de los más fervientes críticos de la política de Estado que se creó en torno a esta problemática para darle otra vuelta de tuerca, entre otras cosas, a la policía, democratizando su accionar y depositando el poder en civiles y no en uniformados. Además, aparecen los nombres de los comisarios generales Hugo Orihuela, vinculado al tránsito de Luján, y Roberto Mercado.

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