Los “otros” presuntos delitos que aparecieron en las escuchas telefónicas durante la instrucción de la causa de los barrabravas de Godoy Cruz y la extorsión a dirigentes, que vincula a algunos funcionarios del Gobierno, ya están siendo investigados por el fiscal especial Eduardo Martearena. Ayer, según informaron fuentes judiciales, el magistrado recibió las cuatro compulsas de parte de su par Luis Correa Llano.

          A partir de ahora, Martearena se meterá de lleno en determinar, entre otras cosas, si funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social utilizaron dinero del Estado para pagar colectivos cuando el equipo jugó de visitante. También investigará si el ingreso de pirotecnia al Malvinas Argentinas por parte del ex titular del Consejo de Prevención Omar Pérez Botti y el comisario Jorge Franco es una práctica fuera de la ley. Pero eso no es todo.

      Las jugosas transcripciones de las escuchas también vinculan a Pérez Botti –quien renunció a sus dos cargos por la investigación judicial– en lo que serían oscuras licitaciones en la nueva cárcel de Cacheuta, más precisamente con la instalación del circuito de video para los pabellones del penal conocido como Almafuerte. Esta situación también tratará de ser comprobada por el magistrado. Todo este combo de presuntas irregularidades aparecieron cuando Correa Llano inició un expediente de oficio tras los disturbios ocurridos en el Malvinas cuando Godoy Cruz jugó sólo 16 minutos con Arsenal de Sarandí.

        El enfrentamiento de los barrabravas con la policía obedeció a que los directivos del club se negaron a entregar entradas de favor, tal como venían realizando. Así, cuando el fiscal ordenó “espiar” los teléfonos de dirigentes, integrantes del Consejo de Prevención (conformado con funcionarios de los ministerios de Desarrollo Social, Gobierno y Seguridad) y barrabravas, se confirmó la connivencia entre estos protagonistas.

INTERÉS LEGISLATIVO.

        Al accionar de los fiscales se le sumó la semana pasada el interés de varios legisladores que integran la Comisión Investigadora creada especialmente para saber qué participación tuvieron los funcionarios del Gobierno en estos supuestos delitos. Por este tema, también ayer, los senadores Carlos Aguinaga (PD) y Luis Alberto Ruzo (PJ) presentaron un requerimiento al presidente del Tribunal de Cuentas, Salvador Carlos Farrugia, para que este organismo le suministre información acerca de los gastos de la cartera de Desarrollo Social (ver aparte).

      Aguinaga, quien retiró y estudió el expediente, sostuvo a través de un escrito que el gobernador Julio Cobos “deberá rendir cuentas ante la sociedad por los comportamientos de uno de sus funcionarios predilectos (refiriéndose a Pérez Botti), quien ocupó siempre importantes cargos en el Gobierno provincial y que fue sostenido políticamente hasta último momento por el propio gobernador”, subrayó. Y agregó: “Cuando no lo pudo proteger más, le soltó la mano”.

        Por último, el senador del PD apuntó a otro político del riñón de Cobos, Alfredo Cornejo: “Los involucrados pertenecen a un grupo político armado especialmente por Cornejo, que tiene base en Godoy Cruz. Lo conforman radicales y miembros de otras fuerzas”, finalizó.