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14 de marzo de 2007
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MEGACAUSA

Barras: imputaron a Omar Pérez Botti

El fiscal Eduardo Martearena lo acusó por ingresar pirotecnia al Malvinas y por extraños manejos en licitaciones en la cárcel de Cacheuta. El comisario Jorge Franco, también complicado

    A siete meses y un día de los incidentes en el Malvinas Argentinas, Omar Pérez Botti quedó contra las cuerdas en la megacausa barras. Es que ayer recibió otro golpe por parte de la Justicia al conocerse que el fiscal especial Eduardo Martearena lo imputó por ingresar un combo de pirotecnia al estadio provincial cuando Godoy Cruz jugó de local el año pasado.

    Pero las acusaciones del magistrado no se quedaron solamente en los fuegos de colores: Pérez Botti también fue acusado por las presuntas irregularidades en las compras realizadas para equipar con circuito cerrado de televisión (cámaras y pantallas) el nuevo penal de Cacheuta.

    Estas dos incriminaciones se desprenden de los diálogos telefónicos que realizó el ex responsable del control de las obras del penal lujanino y ex titular del Comité de Prevención deportiva entre agosto y octubre del 2006, tras los incidentes que protagonizó el grueso de la barra del club con un grupo de uniformados el 12 de agosto, mientras se desarrollaba el encuentro entre el Tomba y Arsenal de Sarandí.

    OTRO MÁS.
Junto al ex funcionario justicialista quedó imputado, por el mismo delito, el policía que estaba a cargo del operativo durante los incidentes, comisario Jorge Franco, quien aparece en las escuchas telefónicas dialogando con Pérez Botti sobre la metodología a ejecutar para introducir la pirotecnia.

    Tanto Pérez Botti como Franco serán citados a declarar en la Unidad Fiscal Especial antes del viernes, por lo que deberán comparecer para responder ante estas acusaciones, tal como anticipó este diario el martes 6. Lo cierto es que las imputaciones para el político –quien tuvo que dejar ambos cargos cuando trascendió la compleja connivencia entre funcionarios, dirigentes del club y barrabravas– son muy severas, tal como lo tipifica el Código Penal (ver aparte).

    FUEGOS Y NEGOCIOS.
Cuanto estalló el conflicto en el Malvinas, el fiscal especial Luis Correa Llano actuó de oficio citando a jugadores, dirigentes y directivos del Tomba por la extorsión que estos habían denunciado ante la prensa. Pero se arrepintieron cuando estaban frente al magistrado y negaron sus denuncias en el expediente.

    En plena instrucción de la causa, por lo bajo, la dirigencia y algunos funcionarios arreglaron con los barras la entrega de entradas, dinero y micros. Lo que no sabían era que Correa Llano había dado la orden de espiar sus teléfonos celulares. La premisa era comprobar si hubo extorsión pero, con el correr de los días, nuevos delitos comenzaron a aparecer. Así fue que se conocieron las extrañas vinculaciones entre los citados, quienes pactaban para calmar a los violentos de la hinchada.

    Correa Llano se quedó con la presunta extorsión que sufrieron los dirigentes por parte de Daniel El Rengo Aguilera, jefe de la barra, quien fue apresado y actualmente está imputado, aunque en libertad. Por su parte, las causas que se desprendieron de la investigación principal fueron enviadas al fiscal Martearena (ver aparte). Estas compulsas comenzaron a ser instruidas y ayer agregaron más imputaciones a las dos que resolvió el fiscal contra policías días atrás.

    Las pruebas que vinculan a Pérez Botti con el ingreso de pirotecnia se habrían producido cuando Godoy Cruz jugó con Independiente de Avellaneda. Las escuchas ratifican el diálogo con Franco, quien, a su vez, se ponía de acuerdo con el líder de la hinchada para introducir los potentes petardos en un móvil policial.

    A su vez, con el mismo teléfono, Pérez Botti habría intentado mejorar su situación económica mediante lo que serían oscuros negocios con la nueva penitenciaría. El modus operandi habría sido contratar proveedores a cambio de un arreglo que lo beneficiara. Todas estas cuestiones se debatirán ante la Justicia cuando los sindicados den su versión de los hechos.

    De todas formas, los involucrados se han encargado de embarrar la investigación, pese a la contundencia que se aprecia en las transcripciones de las escuchas telefónicas.

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