SANTIAGO DE CHILE (EFE). La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó ayer un proyecto para una nueva ley general de educación, en remplazo de la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), impuesta a comienzos de los años 80 por el dictador Augusto Pinochet. La iniciativa, que será enviada al Parlamento hoy, tiene entre sus principales objetivos terminar con la discriminación y garantizar la calidad de la enseñanza, destacó la mandataria durante el acto de firma.

   “Dotará de legitimidad una normativa nacida del autoritarismo y lejana a las necesidades de muchos sectores”, subrayó y la definió como un compromiso con las profundas convicciones republicanas. “En democracia, una ley debe su legitimidad a la soberanía popular y la actual LOCE claramente no cuenta con esa legitimidad”, afirmó.

COMISIÓN ESPECIAL. El proyecto surgió del trabajo de una comisión especial de 81 miembros designada por Bachelet en julio del año pasado, en medio de la llamada Revolución de los Pingüinos, protagonizada por los estudiantes secundarios. Centenares de miles de estudiantes ocuparon sus colegios durante semanas y mantuvieron cotidianas y masivas protestas callejeras en demanda de la derogación de la LOCE y su remplazo por una normativa más democrática.

    Durante los actos y las marchas que concretaron, los grupos de estudiantes destacaron que la ley conocida como LOCE sólo incrementaba la desigualdad social que marca muchos aspectos de la vida social chilena. Esta misma desigualdad también se ve reflejada en los índices económicos, que marcan un avance pero una desequilibrada distribución de la riqueza. Los reclamos de los estudiantes derivaron en una crisis que obligó a Bachelet a remplazar a varios ministros, entre ellos, el de Educación, sólo cuatro meses después de haber comenzado su mandato.

    Los estudiantes no sólo lograron que el Gobierno cediera a sus demandas, sino que estuvieron representados en la comisión que elaboró la propuesta presentada este lunes. “Aquí se vierten las ideas y el aporte de muchos. El año pasado abrimos un diálogo.Muchos dijeron que iba a ser un desastre. Sin embargo, creo que fue fructífero y necesario”, destacó ayer a ese respecto la presidenta Bachelet.

MODIFICACIONES. La nueva norma, además de modificar la estructura burocrática del sector, establece criterios y condiciones que impiden a los establecimientos educacionales discriminar por motivos académicos, religiosos, sociales o de otro tipo en el momento de seleccionar a sus alumnos. La norma regirá durante los ocho años de la enseñanza básica, según el texto del proyecto.

    Otro cambio radical es que sólo podrán ser sostenedores (administradores) de colegios particulares subvencionados las corporaciones municipales o fundaciones sin fines de lucro dedicadas exclusivamente a la enseñanza. Esta medida busca terminar con una multitud de empresarios privados que regentaban colegios buscando optimizar sus beneficios en detrimento de la calidad de la educación. El proyecto establece, además, una rendición detallada del uso de los fondos recibidos cada año por parte de los sostenedores.

RESABIOS AUTORITARIOS. Durante la ceremonia, Michelle Bachelet destacó: “El proyecto busca dotar de validez democrática a una ley que regula uno de los ámbitos más importantes de la actividad humana”. Subrayó, además, que la gestación de la norma “representa una manera de deliberar sobre políticas públicas de la cual me siento orgullosa, porque es el resultado de un amplio y representativo proceso de discusión”. Asimismo, destacó: “Con la nueva ley se eliminarán resabios autoritarios y se fortalecerá la inclusión social, que es uno de los sellos de mi gobierno”.