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15 de enero de 2007
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papeleras

Argentina presenta fundamentos en La Haya

El Gobierno nacional, a través de la Cancillería, entregará al tribunal internacional las razones de su demanda a Uruguay por la instalación de las papeleras.

  BUENOS AIRES (TÉLAM). El Gobierno argentino presentará hoy ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una detallada fundamentación de la demanda presentada por la violación del Estatuto del río Uruguay, a partir de la autorización otorgada por el Gobierno uruguayo para instalar dos papeleras.

    La representante legal de la Cancillería, la embajadora Susana Ruiz Cerruti, entregará el informe de ocho volúmenes y cerca de 3.000 páginas, que contiene la “memoria” de la demanda contra Uruguay, en el marco del conflicto por la autorización unilateral para instalar las fábricas de pasta de celulosa proyectadas por Ence y Botnia. El trámite será puramente formal y burocrático y se realizará por la mañana en el Palacio de Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia integrada por quince magistrados.

    El país demandante sostiene que el Estatuto del río Uruguay fue violado en cinco oportunidades por el Gobierno del país vecino, en lo que constituye “el núcleo de la controversia que planteó Argentina ante la Corte, en defensa de sus derechos vulnerados”, según indicaron voceros diplomáticos.

   Las violaciones indicadas son las dos autorizaciones de Uruguay para iniciar los proyectos de la firma finlandesa Botnia y la española Ence, la instalación de un puerto, primero, y las instalaciones conexas, luego, en Fray Bentos y, por último, el permiso para la extracción de importantes volúmenes de agua para la producción. “En todos estos casos, Uruguay incumplió normas de procedimiento previstas en el Estatuto, como los mecanismos de información y consultas previas cuando una obra puede afectar la navegación, la calidad de las aguas o el régimen del río como recurso compartido”, indicaron fuentes de la Cancillería.

   El Gobierno argentino sostiene, además, que Uruguay no cumplió con la protección del curso de agua frente a un proyecto industrial que,“por su magnitud y localización, son pasibles de perjudicar sensiblemente el ecosistema”, en alusión a la planta de Botnia. Una vez entregado el material, Uruguay tiene seis meses para presentar su “contramemoria” y la Corte podrá volver a llamar a audiencias a las partes si lo considera necesario.

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