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24 de septiembre de 2009
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ENJUICIADO POR CUATRO CAUSAS

Apolo Díaz está en El Sauce, condenado por robar un desodorante y una remera

Un ADN confirmó que fue el violador y asesino de Micaela Reina pero por errores judiciales no será juzgado. Ayer, tanto el procurador como el fiscal Iturbide esquivaron a El Sol. La vida del indigente

    Apolo Jacob Díaz estuvo acusado de violar y matar a Micaela Reina (12) en una bodega abandonada de Guaymallén el 17 de mayo del 2007. Durante dos años y medio tuvo que cargar con una prueba letal en su contra, como fue la pericia de ADN cotejada con el semen hallado en la ropa interior de la víctima, y su sangre, que lo confirmaron como el autor. El martes, esa pericia probatoria fue declarada nula. Todo hacía indicar que el joven de 20 años iba a recibir una condena a prisión perpetua, pero por la irregular instrucción de un fiscal será difícil probar después de tanto tiempo si fue o no el matador de Micaela. Ayer fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión por robar un desodorante, una remera, dos monedas de 50 centavos y una tarjeta Red Bus.

    La sentencia fue emitida por el tribunal de la Quinta Cámara del Crimen, luego de que el fiscal de Cámara Javier Pascua y las defensoras oficiales, María Laura García y Carolina Debeta, resolvieron el pleito a través de un juicio abreviado, en el cual el joven reconoció los hechos que se le atribuyeron a cambio de acuerdo de pena. Si otra hubiese sido la situación, como en muchos otros casos ocurrió, las causa por estos delitos contra la propiedad se habrían resuelto por una suspensión de juicio a prueba. Igualmente, la condena fue en efectivo, pero como ya lleva casi dos años y medio tras las rejas, es decir, cumplió las dos terceras partes que establece el Código Penal, podrá recuperar la libertad en los próximos días.

    Desde que fue apresado, días después de conocida la muerte de Reina, Díaz se encuentra alojado en el Hospital El Sauce, debido a sus problemas psicológicos y las dificultades para permanecer en una penitenciaría. Allí, lejos de la ciudad, está solo. Su familia no lo visita, no tiene amigos y no habla con nadie. No comprende a la perfección la situación por la que está atravesando y se limita a asegurar que él no mató a Micaela. Si bien los peritos psiquiátricos explicaron que puede ser sometido a proceso y de hecho así ocurrió, sus defensoras sostienen que es una persona inimputable y a eso apuntarán cuando la causa por la muerte de Micaela Reina sea investigada por un nuevo fiscal.

    “A simple vista parece una persona autista. No habla y le cuesta comprender lo que pasa”, explicaron fuentes judiciales. Por otra parte, muchos fueron los errores que viciaron la investigación de Iturbide, de acuerdo con lo informado por una fuente de la causa. Entre esos, se encuentra el no haber realizado efectivamente la cadena de custodia de las extracciones de sangre, “las que se podrían haber mezclado entre los cuatro indigentes que fueron sometidos a esa medida”, sostuvo uno de los que tuvo acceso al expediente.

    Tampoco se habría investigado a Duarte, la ex pareja de la madre de la pequeña, Marta Reina, a quien le encontraron a 200 metros de su vivienda de El Algarrobal, la mochila y los útiles de la víctima. Además, los actos procesales no fueron notificados debidamente, como quedó acreditado en la resolución del tribunal de la Quinta Cámara del Crimen, que calificó la instrucción de Iturbide como “una investigación a espaldas del imputado y apartada de las reglas del debido proceso”. Resta esperar qué sucederá con los otros dos imputados, Walter y Alejandro Prádenas (tío y padre de Reina), quienes continuarán sentados en el banquillo a partir de la semana próxima, aunque con un cambio de calificación: privación ilegal de la libertad en concurso real con abandono de persona seguido de muerte. Ambos habían llegado a debate oral imputados por privación ilegal de la libertad en concurso real con encubrimiento agravado.

    Con el cambio de imputación solicitado por Pascua durante el juicio, la pena que podría recaer sobre ellos, que están en libertad también por decisión de Iturbide, es hasta 21 años de prisión. Ayer, en Tribunales no se hablaba de otra cosa que no fuera la débil investigación de Iturbide, quien prefirió el silencio, al igual que el procurador Rodolfo González, jefe de los fiscales (ver aparte).

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