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5 de septiembre de 2006
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DERECHOS HUMANOS

Anulan indulto de Martínez de Hoz

El juez Norberto Oyarbide declaró ayer la inconstitucionalidad del beneficio de los ex ministros de Economía y del Interior en la última dictadura militar y revocó sus sobreseimientos.

    La Justicia declaró ayer inconstitucional el indulto que benefició al ex ministro de Economía de la última dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz y al ex ministro del Interior de ese régimen Albano Harguindeguy, y revocó sus sobreseimientos en una causa por el secuestro de dos empresarios. Con esta decisión, el juez federal Norberto Oyarbide volvió a considerar imputado a Martínez de Hoz en la única causa en la que el ex funcionario de la dictadura está acusado de delitos de lesa humanidad, por el secuestro ilegal de los empresarios Federico y Miguel Gutheim.

    En los próximos días, Oyarbide resolverá si anula o deja en pie el indulto que durante la presidencia de Carlos Menem benefició, en la misma investigación, al ex dictador Jorge Rafael Videla, informaron fuentes judiciales. El juez anuló por inconstitucionales los decretos de indulto 2.745/90 y 1.002/89, firmados en el menemismo a favor de Martínez de Hoz y Harguindeguy, y consideró nulos todos los pasos procesales tomados con posterioridad al dictado de esas normas.

    Ante esta medida, ambos seguirán libres pero bajo riesgo de ser sometidos a juicio por esta causa en cuanto quede firme la decisión de Oyarbide, que se descuenta será apelada por sus defensas ante la Cámara Federal, en planteos que alcanzarían a la Corte Suprema de Justicia. Oyarbide fundamentó su resolución en gran parte de los argumentos ya esbozados por sus superiores de la Cámara Federal, al ratificar la anulación de indultos a ex jerarcas de la dictadura como Guillermo Suárez Mason y Antonio Vañek, en las megacausas ESMA y Primer Cuerpo.

    El magistrado entendió que la privación ilegal de la libertad de la que fueron objeto los empresarios, liberados a los cinco meses de su secuestro, se enmarca en delitos de lesa humanidad imprescriptibles y, por ende, “no indultables”. “El Poder Ejecutivo se arrogó en la dictadura la potestad sobre la fortuna y vida de los ciudadanos, que según el artículo 29 de la Constitución no pueden quedar a merced de un solo poder del Estado”, explicaron fuentes del juzgado.

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