A menos de una semana de dejar el poder, Alfredo Cornejo volvió a tensar la cuerda con el Poder Judicial a través de un proyecto de ley que busca ponerle un tope la jubilación de los jueces y funcionarios “vitalicios”.

La iniciativa sobre “el límite al cómputo de antigüedad para magistrados y funcionarios constitucionales” ingresó esta semana a la Legislatura, con la firma de Cornejo y la exministra de Hacienda, Paula Allasino. Paradójicamente, si la ley se aprueba, la funcionaria será una de las afectadas ya que este martes el Senado aprobó su pliego y se convertirá en Contadora General de la Provincia.

En los considerandos del proyecto se diferencia la situación de la gran mayoría de los empleados públicos, que están obligados a jubilarse al cumplir la edad y los años de aportes exigidos por ley, de los beneficios que gozan los jueces, fiscales, el Asesor de Gobierno, Fiscal de Estado y miembros del Tribunal de Cuentas, entre otros funcionarios “inamovibles mientras dure su buena conducta”, que pueden jubilarse cuando lo deseen “una vez que han alcanzado las condiciones legales para ello”.

En este sentido, Cornejo busca con esta iniciativa establecer un límite al pago del adicional por antigüedad a:

  • Presidente y vocales del Tribunal de Cuentas.
  • Miembros de la Suprema Corte de Justicia.
  • Procurador General.
  • Magistrados del Poder Judicial.
  • Asesor de Gobierno.
  • Fiscal de Estado.
  • Otros funcionarios con garantía constitucional de inmovilidad en el cargo.

Todos ellos, al momento de renunciar a sus cargos para acceder a la jubilación, sólo podrán acumular para el cómputo de la antigüedad hasta 30 años de servicio. “De mantenerse en el cargo, el adicional por antigüedad ya no podrá incrementarse, debiendo en lo sucesivo liquidarse el porcentaje máximo antes indicado”, asegura el artículo 1.

“Si bien tienen derecho a que se les liquide y pague el Adicional por Antigüedad, entendemos que por razones de igualdad y justicia, ese adicional no debería incrementarse para el caso de que se mantengan en el cargo una vez cumplido los requisitos para jubilarse, en cuyo caso deberán percibir en lo sucesivo, el porcentaje máximo liquidado a la fecha de cumplir esos requisitos”, explica el proyecto, que excluye a los actuales jubilados que ya cobran ese adicional.

El fiscal de Estado, Fernando Simón, se refirió a estos cambios, aunque dejó en claro que todavía no tuvo la oportunidad de leer el proyecto.

“Desde lo personal como desde lo institucional, me parece razonable que no se siga aumentando el ítem antigüedad cuando se cumplen los requisitos para jubilarse”, sostuvo Simón.

Por su parte el ex juez de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, se refirió a esta iniciativa y recordó que en su caso se jubiló cuando estaba por cumplir los 65 años.

“No lo veo mal al proyecto porque eso de incrementar la antigüedad se convierte en un aliciente a quedarse a la personas que quizás ya cumplieron un ciclo. No me parece mal que no existan esos privilegios”, deslizó el ex ministro de la Corte.