Un tribunal de apelaciones confirmó los procesamientos y el embargos de bienes a ex empleados en la causa del millonario fraude a la Anses de Santiago del Estero por el otorgamiento de pensiones falsas, en la que jóvenes aparecían “casadas” con personas fallecidas, informaron este viernes fuentes judiciales.

Se trata de Graciela Saad, Cesar Luis Cortes, Luis Manuel Paz y Marcos Chazarreta, procesados por los delito de “asociación ilícita, defraudación, violación de los deberes de funcionario público y utilización de documentos falsos adulterados”.

En la resolución dictada por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, los empleados de la Anses local fueron embargados por 10 millones de pesos cada uno.

En la misma resolución, de 145 fojas, el magistrado había dictado el procesamiento de Cecilio Ibáñez, considerado “gestor” de pensiones falsas, por los delitos de “asociación ilícita, defraudación y utilización de documentos falsos adulterados” y también aplicó un embargo de 10 millones de pesos.

Tras permanecer varias semanas detenidos, los empleados de la Anses e Ibáñez fueron liberados, en una causa que a la fecha no tiene detenidos.

Además, los beneficiarios de pensiones apócrifas Celeste Lucatelli, asesora y sobrina de la diputada nacional Mirta Pastoriza; su hermano Héctor Lucatelli, Paola Conte, Rita del Valle Lescano y Luis Villar fueron procesados por “defraudación” a la administración pública, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados en concurso real” y embargos por 2,5 millones de pesos.

Con anterioridad, las jóvenes que aparecen casadas con personas fallecidas fueron beneficiadas con una excarcelación anticipada bajo caución real de 1,5 millones de pesos cada una.

En tanto, el empresario cordobés Angel Jawahar, dueño de una cadena de helados en Santiago del Estero, y Daiana Jaqueline Zanon fueron procesados por “defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados, en grado de tentativa”.

También procesaron a otros 18 beneficiarios de la Anses, sin prisión preventiva, por los delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados en concurso real”, con un embargo de 1,5 millones de pesos.