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13 de diciembre de 2019
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Opinión

Amargo fin de año: indefiniciones presupuestarias, cláusula gatillo y otros costos por delante

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La gestión de Suarez ha comenzado casi a ciegas al momento de tener que definir la pauta de gastos y de ingresos del próximo año al no contar con las precisiones de la Nación.

Recién la semana próxima, el gobierno de Alberto Fernández puede comenzar a develar el misterio sobre las primeras medidas económicas de emergencia que se tomarían antes de fin de año, las cuales tienen que ver con eso, con la emergencia y la urgencia; nada vinculado con las acciones de fondo, estructurales, que permitirían conocer la estrategia para enderezar la economía por parte de una administración que ya decidió frenar y evitar los ajustes fiscales y, con eso, evitar hacer pagar el costo de esas medidas a los sectores medios y medios bajos, los más afectados durante los peores momentos del rumbo económico que ha dejado como estela la administración de Mauricio Macri.

Los anuncios de la urgencia, que se han mantenido en reserva por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, estarían incluidos –como se ha dejado trascender– en un paquete de leyes que recién sería presentado en el arranque de la semana que viene. Allí estaría el aumento extra a aplicarse antes de fin de año en las jubilaciones y pensiones, en la AUH y que incluiría, probablemente, a los trabajadores del ámbito público nacional. Se está mencionado, sin que exista una confirmación oficial, que el aumento tanto para empleados como para jubilados se establecería en el rango de 10% a 20%, que se aplicaría sobre los mínimos, y que se le podría adicionar un monto fijo de entre $5.000 y $7.000 que operaría para todos los niveles salariales.

Es probable que en los dos o tres proyectos de ley que se preparan para ser conocidos a mediados de la semana que viene, por los que se convocaría, por un lado, a la creación de un consejo económico social, y, por otro, se solicitaría al Parlamento la aprobación de la ley de solidaridad y reactivación productiva, también se develaría el misterio sobre el monto definitivo de la mejora que se ordenará aplicar en los montos de salarios, jubilaciones, pensiones y AUH.

Todo esto que ocurre en el plano nacional es esperado con algún grado de ansiedad en el Gobierno provincial, una gestión que ha comenzado casi a ciegas al momento de tener que definir la pauta de gastos y de ingresos del próximo año al no contar con las precisiones de la Nación. Esto es así porque casi la mitad de los ingresos de la Provincia tienen su origen en la Nación, y muchas de las decisiones que ordene tomar Fernández, como, por caso, los esperados incrementos de salarios para los empleados públicos, tendrán su impacto en la Provincia. Son cuestiones de las que a Suarez le será muy difícil escapar, y decidir en consecuencia en el mismo sentido.

En el Gobierno provincial hay dos temas que han concentrado la mayor atención: uno tiene que ver con todo aquello que pueda llegar a dinamizar la economía real y donde se anotan las acciones sobre Vaca Muerta, las energías limpias y la explotación minera; mientras que el otro asunto de interés y preocupación hay que buscarlo por el lado de la cuestión financiera, las previsiones de recaudación para un nuevo año del que se sabe prácticamente muy poco por la ausencia de precisiones nacionales, como está dicho y, junto con esto, la negociación salarial que se avecina con los gremios estatales.

Es un hecho que Suarez, para cuando arranque el tire y afloje con los gremios, ha ordenado ni hablar de la cláusula gatillo. Ese beneficio le trajo aparejado al Estado un quebranto notable porque entre otras fatalidades que arrastró consigo la crisis está la caída de la recaudación. El desfase entre lo que se terminará recaudando hacia el fin de año con los niveles de inflación podría estar cerca del 20%, un porcentaje de mayores recursos que tuvo que ser destinado al pago de sueldos por el imperio de la cláusula gatillo que se acordó con todo el frente gremial estatal hace exactamente un año, cuando pocos en el Gobierno, y menos en la Nación, esperaban una espiralización de la crisis de la magnitud que terminó teniendo para todo el 2019.

La decisión ya tomada para esa negociación clave se ha convertido en el primer trago amargo que tendrá que asumir la nueva gestión. Suarez ha comenzado a gobernar con paso firme detrás de los objetivos económicos que persigue y, mientras despliega su estrategia para que se concreten –como la discusión que ha obligado a dar en la Legislatura por la modificación de la 7.722, la denominada Ley Antiminera–, analiza el costo de enfrentar a los gremios con el no a la cláusula gatillo que, desde el vamos, se le va a reclamar como una suerte de derecho adquirido, según ya lo han anticipado algunos de sus voceros.

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