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25 de septiembre de 2009
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VIEJAS IRREGULARIDADES SE CONOCIERON AYER

Al fiscal de la causa Micaela ya le habían decretado nula otra pesquisa por abuso

Fue por un caso del 2007, cuando imputó a un joven por ultrajar a dos niñas. Una cámara dijo que se afectó la garantía constitucional de defensa en un juicio. Luego, el hoy juez archivó el expediente

    No fue la primera vez que el ex fiscal Alejandro Iturbide cometió un error en una instrucción, como le marcaron jueces de Cámara. No sólo le declararon la nulidad de todo lo actuado contra Apolo Jacob Díaz en el expediente que investigó por la violación y muerte de Micaela Reina, sino que tenía un antecedente. El 27 de octubre del 2008, la Primera Cámara del Crimen y luego una jueza de Garantías le dictaron la nulidad en una causa por abuso sexual, y los argumentos contra el hoy juez de Flagrancia fueron los mismos: “Se han afectado al acusado las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso”.

    El caso que motivó la nulificación de todo un proceso fue iniciado el 30 de julio del 2007, cuando la madre de dos niños –una chica y un varón–, denunció que sus hijos habían sido violados por un tío de ellos. Los pequeños, en Cámara Gesell, relataron que su familiar los había violado varias veces vía vaginal y anal y que, además, los había obligado a practicarle sexo oral, además de tocamientos. De esta manera, Iturbide comenzó la pesquisa y ordenó la detención del hombre.

    Una vez capturado, le imputó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente. Y, a partir de ese momento, comenzaron a producirse irregularidades que luego la Cámara en lo Criminal y la jueza del Tercer Juzgado de Garantías, Alejandra Mauricio, mencionaron detalladamente. Cuando Iturbide realizó el acta de imputación formal contra el sospechoso, nunca le notificó debidamente cuáles eran los hechos que se le atribuían, atentando cruelmente contra el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Es más, ni él los sabía, tal como explicaron los tribunales de alzada, lo que más adelante se detallará.

    Tiempo después, el magistrado solicitó la prisión preventiva, y el ex titular del Segundo Juzgado de Garantías, Roberto Lemos, se la confirmó asintiendo los argumentos de Iturbide y sin ejercer el debido control, tarea fundamental en el sistema acusatorio. Esta medida fue apelada por la defensa del sospechoso, y fue en ese entonces cuando todo apuntó contra Iturbide y también Lemos. “Recorriendo el dictamen del señor fiscal de Instrucción y el auto del señor juez de Garantías que homologó ese pedido, se advierte sin esfuerzo que ninguno de los dos estamentos anteriores cumplieron con sus obligaciones funcionales, omisiones que, sin duda, hacen aludible la queja”, reza el documento de la Cámara del Crimen, que lleva la firma de Julio Carrizo.

    El mismo, continúa diciendo: “Con esos desvíos de poder se le han afectado al acusado las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, pues el señor (se preserva el nombre de quien estuvo acusado) nunca fue puesto en condiciones adecuadas de repulsar cada una de las acusaciones que contra él se han denunciado en la causa, máxime cuando se contaba con elementos suficientes como para delimitar con bastante precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que cada ataque sexual denunciado se produjo”. Por otra parte, la resolución manifestó que “los funcionarios judiciales, que al hacer una genérica imputación diciendo... ‘durante un período de varios años, aproximadamente desde el 2000 y hasta su mudanza a la vecina provincia de Neuquén, obligó a los menores a prácticas sexuales que dañaron la integridad sexual de los mismos’, se han atribuido erróneamente competencia material para investigar hechos, para los que la ley procesal no los facultaba”.

    En este sentido, los magistrados explicaron: “Decimos esto porque, de haber reflexionado y haber detallado con precisión cada maniobra que se reputaba ilegal, hubiesen advertido, cualquiera de ellos, que durante el 2000, que es cuando se fija el comienzo de la imputación, el encausado sólo era menor punible, ya que el mismo a esa fecha no tenía 18 años, puesto que es nacido el 12 de abril de 1983 y, por ende, si existieron delitos en ese tramo temporal hasta el 12 de abril del 2001, nunca la competencia por razones de la materia se la pudo atribuir la Justicia ordinaria, decisión que, por equivocada, provoca, además de las otras razones, también la nulidad de todo lo actuado”. También se le tomó una segunda indagatoria, en la cual Iturbide amplió la imputación por otro delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de 15 años. De este nuevo hecho, el fiscal tomó conocimiento por la declaración testimonial de dicha menor, pariente de las dos víctimas anteriores, a quien le preguntó si quería instar la acción penal y esta dijo que sí.

    El problema es que es un delito de abuso sexual, y para investigarse requiere que los padres de la chica o sus tutores insten la acción penal, esto es, que manifiesten su voluntad de que se investigue el delito, ya que la menor no puede hacerlo sola. Así que por este hecho no se instó la acción penal correctamente, aunque igualmente se agregó a la carátula de la causa. Asimismo, si ambas víctimas fueron accedidas carnalmente, los camaristas no entendieron por qué ese agravante no se incluyó en la imputación formal.

    “El menor y también su hermana relataron que fueron accedidos carnalmente en reiteradas oportunidades por vía vaginal y anal y, sin embargo, de esa acusación nada se dice, ni tampoco obra en la causa resolución alguna que permita conocer en base a qué argumentos el señor fiscal de Instrucción decidió excluir de la acusación esas conductas que también aparecen castigadas como delito por el Código Penal”. En definitiva, la cámara fue durísima en los argumentos y por eso dictó la nulidad sobre la prisión preventiva, además de apartar a Lemos de la causa. Por ese motivo, ordenó que su subrogante legal, en este caso, Mauricio, resolviera sobre el pedido de prisión, y la magistrada fue más allá: declaró la nulidad de la imputación formal y ordenó la detención domiciliaria.

    Mauricio también resolvió que el expediente bajara nuevamente a Iturbide, quien, sorpresivamente, archivó la causa el 27 de marzo de este año. Es decir, lo hizo semanas antes de asumir el cargo de juez en el juzgado de Flagrancia. Las partes consultadas no saben qué sucedió con el imputado, pero lo cierto es que Mauricio nunca ordenó la libertad y la única en poder haberla decretado era ella. El interrogante que nadie supo responder a ciencia cierta fue el siguiente: ¿El acusado fue sobreseído y luego recuperó la libertad? Todos se imaginan que sí, porque de otra manera no se podría haber archivado el expediente, que aún se encuentra sin empaquetar.

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