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10 de agosto de 2018
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Aborto: quieren derogar la prohibición en la venta de misoprostol

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Actualmente, la adquisición de la droga que se utiliza para provocar abortos está restringida a hospitales y clínicas. Un proyecto en la Legislatura buscará eliminar las barreras para el ejercicio de los derechos de las mujeres.

En medio de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, que cosechó el rechazo en el Senado de la Nación, la Legislatura de Mendoza avanzará con la derogación de una ley que limita la venta del misoprostol, la droga que se utiliza para provocar abortos. La idea es que se eliminen las barreras que tienen actualmente las mujeres que requieren de este medicamento y que generan, a su vez, complicaciones de índole clínico y hasta social por su adquisición restringida. 

El proyecto es impulsado por la diputada radical Ana María Andía -quien fue la primera titular del programa de Salud Reproductiva- y cuenta con el aval de 8 de los 11 bloques de la Cámara Baja para ser tratado. Incluso, la ministra de Salud, Elizabeth Crescitelli le dio el visto bueno a la norma. 

Desde 2009, la ley 8116 limita "el expendio, el suministro y el fraccionamiento" de dicho medicamento al ámbito institucional. En otras palabras: la droga -que en Argentina se vende bajo el nombre de Oxaprost y es distribuido por un laboratorio- sólo puede suministrarse bajo receta a hospitales y clínicas, exige la internación de la mujer y, por último, las personas físicas no pueden acceder a la misma sino es a través de las instituciones.

Originalmente creado como protector gástrico, el misoprostol tuvo un uso alternativo: puede ser utilizado para atender hemorragias postparto, para facilitar el trabajo de parto, pero también comenzó a ser usado para propiciar abortos.

Ver también Qué es y cómo se distribuye el misoprostol en Mendoza

Esta droga es utilizada por los profesionales cuando una mujer acude para interrumpir voluntariamente su embarazo si el mismo se encuadra en las causales que el Código Penal no castiga. En estos casos, los organismos internacionales recomienzan la alternativa medicamentosa, con el uso del misoprostol porque, entre otras ventajas, permite un tratamiento ambulatorio -es decir, no requiere que la mujer quede internada, lo que reduce los costos en el sistema de salud público-.  

"Pero al estar restringido, una persona que solicita una IVE tiene que internarse. Es una barrera y es una barbaridad desde cualquier punto de vista", explicó Andía.

Pero además hay otros problemas. Dado que Mendoza junto con San Juan son las únicas provincias donde está restringida la venta, la prohibición hizo crecer un mercado negro que elevó el precio de la droga. Actualmente, las redes de socorristas de las organizaciones feministas, por caso, pueden conseguir el misoprostol en otras provincias o bien por internet, con los riesgos de que no esté certificado en algunos casos por los profesionales farmacéuticos. 

Por estas razones, para la diputada radical la aplicación de la ley 8116 en 2009 sólo ha puesto obstáculos al ejercicio de derechos de las mujeres que, nueve años después, están en el centro del debate como se ha visto con lo ocurrido hasta este miércoles en el Congreso. Así, la derogación traería varias ventajas, tanto para la mujer, como para el profesional de la salud.

"La mujer puede hacerlo con la compañía que elija, sin la necesidad de internarse, sin que se aleje de su familia, sin exponerse a la posibilidad de malos tratos por parte de personas que no acuerden con esto y, desde el punto de vista profesional, permite separar el momento de la consejería del momento de la adminsitración y para muchos profesionales significa un alivio", fundamentó la legisladora.

Así, el proyecto avanza con la derogación de la norma sancionada en tiempos del jaquismo en Mendoza y se inscribe a su vez en el debate nacional por la despenalización del aborto. Como se ha visto en los dos debates en el Congreso, la cuestión del misoprostol también es transversal a los partidos políticos de la Legislatura.

Por el momento, la iniciativa para derogar la ley 8116 cuenta con el apoyo de diputados del PJ, de Podemos, de la UCR, del FIT y del Partido Intransigente, entre otros. Hay tres bloques que no han manifestado voluntad de apoyo, al menos por ahora: el PRO, el PD y el Frente Renovador.

Ver también Aborto no punible: Mendoza seguirá con su propio protocolo

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