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5 de julio de 2006
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PLANTEO LEGISLATIVO

A favor de la contracepción

En Diputados, hoy tratarán un proyecto de declaración por el que les piden a los legisladores nacionales por Mendoza que apoyen la ley que está en el Congreso

     El Gobierno provincial aún no envía el proyecto para modificar la ley de contracepción quirúrgica.Mientras tanto, un grupo de diputados quiere dar una señal a favor de la polémica norma. Hoy, por pedido de uno de los autores del proyecto, el radical José Montaño, la Cámara Baja le pedirá a los legisladores nacionales por Mendoza que voten favorablemente la ley que se baraja en el Congreso, y que tiene las mismas características que la provincial: que cualquier persona pueda practicarse, en forma gratuita en los hospitales públicos, la vasectomía o la ligadura de trompas.


     Si bien el proyecto que se debatirá hoy no es vinculante, porque al ser una declaración es tan sólo una manifestación de los diputados, no deja de ser un gesto político fuerte sobre el tema. Es que la misma discusión que se dio en Mendoza durante seis años se está dando a nivel nacional, ya que, a principios de junio, los diputados nacionales le dieron media sanción a esta ley. De la misma manera que sucedió en esta provincia, las voces de repudio se escucharon desde esos sectores a nivel nacional, sobre todo desde los religiosos.



     Por eso, el objetivo de la ley nacional es equiparar la normativa en cuanto a anticoncepción quirúrgica en todo el país, ya que, por el momento, estas prácticas están permitidas en algunas provincias. Así, si la propuesta local vuelve a trabarse en la Legislatura local por el cruce de intereses, la medida podría llegar a Mendoza mediante una propuesta nacional.


LOCALES.


      En Mendoza, la ley fue aprobada en noviembre del año pasado. Pero cuando llegó al Ejecutivo, los encargados de reglamentarla para poder llevarla a la práctica se encontraron con varios problemas. Dos de ellos fueron: que se necesitaba el consentimiento del cónyuge para practicarse una de estas cirugías y la otra, que el Estado debía garantizar que el método sería reversible. Este último punto fue el que desencadenó que en la Casa de Gobierno decidieran modificar la ley, porque consideran que no es posible asegurar que pueda ser reversible. Y si el Estado diera tal garantía, podría quedar expuesto a numerosos juicios.

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