En medio de los preparativos para la fiesta de la Vendimia que se realizará el próximo 4 de marzo, en el último mes la Secretaría de Cultura estuvo en el foco de la tormenta pero no sólo por los festejos vendimiales, sino por el incendio que se desató en el ECA, la investigación que realiza Fiscalía de Estado sobre una posible usurpación de cargo del director de Patrimonio Cultural y ahora se sumará una denuncia judicial que realizará SITEA por la utilización de “contratos caché”, que esta misma gestión denunció cuando asumió.

El gremio que conduce Federico Lorite se vio movilizado a raíz de esta situación y aseguran que el Gobierno provincial está realizando la misma “irregularidad” que hacía el gobierno de Francisco Pérez, modalidad que fue denunciada por el secretario de Cultura, Diego Gareca, al momento de asumir la gestión.

Si bien ese esa forma de contratación es legal, desde el gremio denuncian que en verdad las personas que están con esa modalidad son empleados en relación de dependencia que trabajan todo el mes y no los días que figuran en las designaciones.

El malestar crece porque los trabajadores de Cultura afirman que actualmente hay más de 30 personas que trabajan bajo la modalidad de contratos eventuales. “Para el Gobierno es una forma de agilizar y negrear”, explicó Lorite. Además el gremialista señaló que las personas que están bajo esa modalidad en algunas ocasiones cobran cada tres meses y realizan tareas diferentes de las que señalan los contratos.

El año pasado la gestión actual se había comprometido a realizar los contratos de locación correspondientes, pero fueron “cajoneados”, según denuncia SITEA. Un ejemplo es el caso del hijo de la directora de Administración, Judith De Liberato. En el sistema MESAS se observa como el contrato de locación de Federico Pedro lleva 315 días demorado.

 

“Vamos a copiar la misma denuncia que hicieron ellos cuando asumieron”, indicó Lorite. Un ejemplo de esta situación se observa en el contrato de Rubén Carmelo González, quien realizó tareas de supervisión de la Vendimia durante el 2016. En este caso se requirió de su servicio desde el 29 de febrero hasta el 31 de marzo por lo que percibió 90 mil pesos. Lo llamativo en este caso es que la persona es contratada hasta fin de mes para supervisar los actos vendimiales, cuando estos finalizan los primeros días de marzo.

Pero el malestar de los trabajadores de Cultura crece más aún tras el despido de dos delegados e integrantes de la comisión directiva de SITEA. Según explicó Lorite hace dos semanas las bajas se realizaron tras la denuncia que habían realizado por ese tipo de contratación en la subcomisión de paritaria. Los empleados despedidos son Gabriel Aguirrez y Leonardo Piergentili y trabajaban en el área de prensa. “No se puede despedir delegados gremiales, es totalmente ilegal”, sostuvo el gremialista.

En el caso de Piergentili se observa que el empleado figura con este tipo de contratos. El hombre fue contratado para realizar el servicio de periodismo desde el día 5 de enero al 8 de enero de 2017 en el espacio Cultural Julio Le Parc con una retribución de 16 mil pesos. El gremio mostró el contrato que esta persona también había sido contratada bajo esa modalidad durante la gestión de la anterior gestión. En ese caso se observa que fue contratado desde el 3 de diciembre del 2015 hasta el 30 de ese mismo mes por una suma de 7.000 pesos. En conclusión se observa que las dos gestiones utilizan la misma modalidad.

La versión de los hechos del secretario Gareca fue pedida en reiteradas oportunidades por este diario, pero pese a las promesas de dar declaraciones, esto nunca ocurrió.

Contratos Gareca y Marizul Ibañez