Tras la puesta en marcha del programa “Precios Transparentes”, el gobierno de Alfredo Cornejo labró 25 actas de infracción tras haber inspeccionados alrededor de 300 comercios en toda la provincia.
Las principales infracciones que están cometiendo los comerciantes es que siguen promocionando “cuotas sin interés”, colocan precio “contado-efectivo” o bien directamente no están exhibidos los precios, según detalló la titular de la Dirección de Fiscalización y Control, Mercedes Zuloaga.
La resolución 51-E de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción de la Nación, obliga a los comercios, supermercados e hipermercados a exponer el precio de contado y el valor financiado. La idea del gobierno nacional con este programa es “blanquear” el verdadero costo de financiamiento que tenían implícito los planes de “cuotas sin interés”.
De todas maneras en la provincia de Mendoza todavía reina la incertidumbre en algunas cuestiones y por eso Zuloaga llevará las inquietudes a la reunión que tendrá el 24 de febrero con representantes de todo el país.
Mientras tanto se siguen inspeccionando locales comerciales pero especialmente se está brindando asesoramiento para que puedan cumplir con las especificaciones de la resolución.
Uno de los problemas que se planteó en estos días, según detalló Zuloaga, es que es “difícil” colocar todos los precios con tarjeta y cuotas en las prendas, planteo que llevará a la reunión que mantendrá a nivel nacional.
Actualmente hay 12 inspectores recorriendo los comercios, ya que en esta época algunos están de licencia, explicó la funcionaria.
“Los encargados de controlar están en negro”
Paradójicamente, los empleados que se encargan de realizar las inspecciones y controles no forman parte de la planta del Estado y desde SITEA denunciaron que están en “negro” y que cobran por convenio.
Según manifestó el secretario gremial, Federico Lorite, deberían haber pasado a planta según lo que se acordó en la paritaria del año 2015.
Justamente estos empleados que reclaman son los que se encargan de realizar las inspecciones a los comercios y supermercados, y actualmente supervisan el programa “Precios Transparentes”.
Sin embargo desde el ministerio que conduce Enrique Vaquié, señalan que hay algunas inconsistencias en el acta paritaria del año 2015, de manera que no corresponde en este momento el pase a planta de esas personas.
Desde el sindicato explicaron que en total hay unas 24 personas que prestan servicios para la Dirección de Fiscalización y Control pero cobran a través de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo.
Según relató uno de los empleados que se encuentra en esta situación -que prefirió reservar su identidad- algunos trabajan para el Estado y están desde hace 7 años en esta situación.
Desde SITEA explicaron que lo que se hace es una “triangulación” para “encubrir” la relación laboral. Dado que el gobernador Alfredo Cornejo, como su antecesor Francisco Pérez, congeló los ingresos al Estado, el Ministerio de Economía le otorga los fondos a la universidad y estas personas deben facturarle.
Esa es la única forma de saltar el “cerrojo legal” frente a la imposibilidad de contratar gente, señalaron desde el sindicato.
